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Llamado de la Defensoría para que en búsqueda de la paz grupos armados devuelvan a menores reclutados
Desde marzo del 2020 hasta diciembre de 2022, la Defensoría del Pueblo ha registrado a través de sus 42 regionales un total de 155 casos de reclutamiento, 30 de ellos durante 2022.
En medio del inicio de las conversaciones con los grupos armados ilegales y acercamientos con otras organizaciones en el marco de la paz total del Gobierno del Presidente Gustavo Petro, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado para que estén devuelvan a los menores de edad que hacen parte de sus filas.
En ese sentido, el titular de ese despacho, Carlos Camargo, aseguró que en el marco de esos diálogos y los acercamientos, los gestos de paz deben ser significativos, como el cese del reclutamiento, así como la devolución de los niños, niñas y adolescentes.
El funcionario señaló que esa sería una “verdadera muestra de querer un mejor país, sin niños y niñas empuñando armas de fuego”.
Indicó que en desarrollo de su estrategia que puso en funcionamiento un botón de registro de casos de reclutamiento, en tiempo real, las regionales de ese organismo reportan, en tiempo real, los hechos que conocen.
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Aseguró que desde marzo del 2020 hasta diciembre de 2022 se reportaron 155 casos de reclutamiento, 30 de ellos durante 2022, “lo cual permite corroborar que los menores de edad siguen siendo algunas de las principales víctimas de los grupos armados”.
Camargo señaló que así ha quedado consignado en las diferentes alertas tempranas que ha emitido la entidad, a propósito de la situación que se ha presentado en varias regiones del país.
Destacó que de 34 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo durante 2022, en 31 de ellas se advirtieron los riegos de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes; principalmente en los departamentos de: Cauca (5 alertas tempranas); Antioquia (4); Chocó (4); Nariño (4); Córdoba (3); Putumayo (3); Tolima (3); Valle del Cauca (3) y Atlántico (2).
Los departamentos en donde más se reportaron casos fueron: Caquetá (37); Cauca (25); Arauca (16); Nariño y Putumayo (10 cada uno); Tolima y Antioquia (9 cada uno); Norte de Santander, Meta y Amazonas (5 en cada uno); Chocó (4) y Vaupés y Córdoba (3 cada uno).
Igualmente, se han advertido riesgos de confinamiento de comunidades, lo cual genera afectación al derecho a la educación y la deserción escolar, aumentando el riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes.
Un total de 8.942 personas han sido incluidas en el Registro Único de Víctimas como víctimas de vinculación a diferentes grupos armados al margen de la ley cuando aún eran niños, niñas o adolescentes, la mayoría han sido hombres (66 %).
“Claramente, hay un subregistro de los casos de niños, niñas y adolescentes reclutados en todo el país; pero en los casos conocidos, se ha hecho un llamado a unir esfuerzos interinstitucionales y humanitarios para salvaguardar con urgencia la vida de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y comunidades, quienes siguen siendo víctimas del accionar de los grupos ilegales”, concluyó Camargo Assis.
El llamado fue hecho, en el marco del Día de las Manos Rojas, en el que se conmemora el aniversario de la firma del protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe el uso de niños, niñas y adolescentes en los conflictos armados.
Llamado de la Procuraduría
A ese llamado se unió la Procuraduría General de la Nación, que recordó que se estableció la ‘Política Nacional de Prevención de Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes’, así como la expedición de la Directiva 10 de 2021 en la que pidieron respuestas efectivas en la lucha contra ese flagelo.
El organismo alertó sobre la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes de comunidades étnicas, debido a que del total de los menores de edad reclutados, el 9.2 % pertenecen a grupos indígenas y el 6.6 % hacen parte de comunidades negras, afros, raizales y palenqueros (NARP).
Igualmente, exhortó a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, así como al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a las gobernaciones de Chocó y Valle del Cauca para que adopten las medidas pertinentes desde sus competencias.
Esto con el propósito de prevenir y combatir este flagelo y así proteger a los menores, en especial en las comunidades étnicas.
“Seis años después de la firma del Acuerdo de Paz, los niños, niñas y adolescentes en Colombia, siguen siendo víctimas del reclutamiento forzado por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales que se disputan el control territorial en las regiones más afectadas por el conflicto que aún persiste”, aseguró la procuradora Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, Ceneida de Jesús López Cuadrado.
La funcionaria agregó que “por lo que atender esta situación es prioritario dentro del contexto de construcción de paz”.
Finalmente, estimó que el respeto a la vida, integridad y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, para que ninguno más sea víctima de reclutamiento forzado y de las afectaciones que de este se derivan para la familia y la sociedad.
