Más de 860 municipios han sido afectados por el invierno en lo que va corrido del año

La ola invernal que se registra en el país ha afectado en este 2022 a más de 860 municipios de los 32 departamentos y, en algunos casos, ha llevado a que las autoridades regionales decreten alertas ante la posibilidad de deslizamientos de tierra, desbordamiento de ríos y quebradas, y daños en la infraestructura vial.

Según la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Ungrd, en los primeros 10 meses de año se presentaron 3.569 eventos relacionados con emergencias en 864 municipios del país.

Igualmente, informó que durante esta temporada invernal, han resultado afectadas más de 645.000 personas de 106.109 familias, mientras que se han registrado 266 fallecidos y 45 desaparecidos.

Ante esta situación, se ha declarado la calamidad pública en 390 municipios de 21 departamentos, mientras que se han reportado 106.574 viviendas afectadas.

El director de la entidad, Javier Pava Sánchez, informó que cerca de 2.1 billones de pesos serán destinados por el Estado para la ejecución de la estrategia de Asistencia Humanitaria de Emergencia (AHE), la primera de tres las fases que componen el Plan de Acción Específico (PAE) que se implementará en el país con el fin de atender la situación de desastres nacional decretada el primero de noviembre por el presidente Gustavo Petro.

Y en medio de ese panorama, el Ideam ha advertido que los meses de octubre y noviembre son los meses más lluviosos del año y estimó que se presentarán incrementos de lluvias por encima de los niveles normales en gran parte del país, especialmente, en las regiones Caribe y Andina.

Situación en Cartagena

La Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena (Oagrd) reportó que más de 12.000 personas resultaron damnificadas cuatro días de fuertes lluvias, específicamente en la zona de la Boquilla y el Cerro de la Popa.

“Para el caso de Cartagena hay una afectación bastante importante en los barrios Marlinda y Villa Gloria ya que, debido a las inundaciones de los últimos días, las familias de estas comunidades se encuentran incomunicadas”, señaló el director de la Ungrd.

Añadió que para atender eficazmente la emergencia “se requiere una atención inmediata, por lo que se está realizando la coordinación entre el Gobierno nacional, regional y local para la entrega de ayudas humanitarias de emergencia (AHE)”.

En relación con el informe presentado por la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Bolívar (Odgrd) que da cuenta de 26 municipios afectados en todo el departamento de Bolívar, el funcionario señaló que se trabaja para atender la situación, especialmente, debido a las previsiones del Ideam.

“A la fecha tenemos al menos 6.200 familias afectadas que se suman a las más de 10 mil que venían desde el mes de octubre”, indicó.

Agregó que “lo que vemos aquí es que los afectados siguen incrementándose y la temporada de lluvias se extenderá hasta fin de este año, incluso el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) contempla que la temporada de lluvias se extienda hasta el año entrante”.

Llamado del Defensor del Pueblo

Por su parte, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un nuevo llamado para que se garanticen los derechos humanos de las comunidades que han venido siendo afectadas por la ola invernal en la mayor parte del territorio nacional.

“Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado para que el Gobierno nacional incorpore el enfoque de derechos humanos en la implementación del decreto de declaratoria de emergencia por situación de desastres, en particular, en las tres líneas de acción: respuesta humanitaria, recuperación temprana y adaptación para el buen vivir”, aseguró.

Igualmente, aseguró que “ante el incremento de las lluvias se debe avanzar en el conocimiento del riesgo, su prevención y la atención de la emergencia”.

Camargo señaló que esto con el propósito de “asegurar la restitución de las condiciones de vida de las comunidades, principalmente las más vulnerables a quienes se les debe garantizar el goce efectivo de sus derechos al ambiente sano, la salud, el trabajo, la vivienda digna, la seguridad alimentaria, el acceso al agua y la vida, entre otros”.

Recordó que en el mes de agosto, la entidad le solicitó a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y a los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo que evaluaran y actualizaran los planes de gestión del riesgo.

Según indicó, de esta manera se debe buscar “reforzar las actividades de monitoreo de las condiciones de riesgo y hacer seguimiento las alertas emitidas por el Ideam y la Ungrd.