Lo que viene

Durante casi dos décadas las regalías se canalizaron principalmente hacia los municipios y departamentos en donde se realizaba la explotación minera y de hidrocarburos. En estas regiones, el crecimiento de los ingresos por el boom de precios debería haberse reflejado en mejoras sustanciales de la calidad de vida de la población. Sin embargo, un reciente estudio, que será publicado por la Contraloría General en un segundo volumen sobre la minería en Colombia, arroja resultados muy paradójicos al respecto. 

La minería y los hidrocarburos han crecido rápidamente en los últimos años a nivel nacional, pasando de representar 6 por ciento del PIB en 2000 a 11 por ciento en 2012; así mismo, la industria cayó de 14 a 12 por ciento y el sector agropecuario de 8 a 6 por ciento. Esta tendencia a la desindustrialización y a la contracción agropecuaria está muy marcada en varias regiones. En el Meta, por ejemplo, el petróleo pasó de representar 20 a 60 por ciento del producto regional en este período; en el Cesar la minería creció en casi 30 puntos, alcanzando 48 por ciento del PIB regional; en La Guajira subió hasta 59 por ciento de su respectivo PIB, y en Chocó pasó de 4 a alrededor de 40 por ciento. Sin embargo, este crecimiento no se ve reflejado en mejores condiciones de vida: ni en fortalecimiento de otras actividades productivas como ganadería o agricultura, ni en mejores servicios públicos para la población. 

En el Cesar, por ejemplo, los municipios en donde se explota carbón reportaron, en el último censo, 76 por ciento de su población con necesidades básicas insatisfechas, en contraste con un 30 por ciento que, sin ser capitales, han mostrado un mayor desarrollo independiente de las regalías. Más aún, si se mide la pobreza con el nuevo índice multidimensional que está empleando el DNP, más de 90 por ciento de la población de estos territorios del Cesar estarían bajo esta condición –y 74 por ciento en el caso de La Guajira–, en contraste con 43 por ciento de los habitantes en los pueblos de Colombia en donde predominan otros sectores productivos. 

La población infantil es un grupo especialmente sensible a estas condiciones de pobreza y pobreza extrema. En los municipios productores de carbón del Cesar y La Guajira, por cada 1.000 niños que nacen, 27 no alcanzan su primer año de vida, muy por encima de la meta máxima de 10 defunciones establecida por las autoridades nacionales. Situación que resulta inexplicable, teniendo en cuenta que allí se reportan afiliaciones al sistema de salud mayores que en otros lugares del país en donde estas tasas de mortalidad son significativamente menores. Es decir, la mayor cobertura –aunque con cuestionada calidad– no se traduce en mejores servicios de salud para la población. En las zonas del Chocó en donde se extrae el oro, la situación es muy similar: el crecimiento del producto per cápitano se refleja en las condiciones de vida de la población.

Este drama, sumado a los inevitables impactos ambientales de la minería en prácticamente todas sus escalas, permite concluir que el crecimiento minero, así esté a cargo de empresas formales y de gran escala, no generan per se un desarrollo en las regiones, como sí se contrasta con los municipios no mineros en el país. Si esto es evidente en los pueblos que recibieron grandes recursos de regalías durante casi dos décadas, es urgente dilucidar cuáles son las causas de este desastre, para evitar que se reproduzca en el nuevo sistema de distribución hacia todo el país, que se está empezando a aplicar. De lo contrario, más que generar oportunidades a quienes reciben regalías por primera vez, lo que se podría estar esparciendo es el riesgo de recibir la misma maldición ya vivida por la mayoría de zonas mineras del país.