El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, fue capturado por presuntos hechos de corrupción y vínculos con el ELN.
El exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo, fue capturado por presuntos hechos de corrupción y vínculos con el ELN. | Foto: Alfonso Giraldo

Judicial

Ordenan traslado del exgobernador de Arauca, Facundo Castillo, a cárcel de Bogotá o Cundinamarca

La decisión se da tras una tutela de la familia del recluso.

19 de marzo de 2022

El Juzgado 49 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, luego de resolver una tutela esta viernes 18 de marzo, ordenó el traslado del exgobernador de Arauca, Facundo Castillo, de Popayán a una cárcel de Bogotá o Cundinamarca.

“Amparar el derecho fundamental a la unidad familiar de los menores I. C. P. y S. C. P. cuyos intereses fueron representados en esta actuación por su progenitora, Mirian Raquel Parales Velásquez, vulnerado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario”, señaló la sentencia de la tutela.

En este orden de ideas, el Juzgado 49 le ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que se diera el traslado del preso en Popayán a una de las diferentes cárceles del departamento de Cundinamarca o preferiblemente a una en la ciudad de Bogotá.

“Segundo: en consecuencia, ordenar al Instituto Nacional penitenciario y Carcelario que, en un término no mayor a veinte (20) días calendario contados a partir de la notificación de este fallo, adopte las medidas necesarias para trasladar a José Facundo Castillo Cisneros a un establecimiento carcelario ubicado en Bogotá o, en su defecto, en Cundinamarca”, fue la orden impuesta en la sentencia.

Cabe recordar que la tutela fue presentada por familiares del exgobernador con el fin de defender a la familia como institución.

En el marco del traslado inicial del exgobernador, el cual fue removido a Popayán, es importante destacar que la decisión la tomó el Inpec luego de estallar el escándalo por las repetidas salidas del empresario Carlos Mattos de su centro de reclusión, La Picota.

Facundo Castillo, el exgobernador de Arauca, está privado de la libertad por presuntos vínculos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ahora la Fiscalía estableció que el exmandatario tiene otros enredos con la justicia, en esta ocasión por hechos de corrupción.

Castillo fue gobernador en los períodos 2012-2015 y 2020-2021, hasta que terminó capturado por cuenta de un proceso que lo dejó vinculado con la guerrilla y por favorecer los intereses de la insurgencia a cambio de garantizar su elección como mandatario de Arauca.

“Son conductas eminentemente dolosas, sin ningún respeto a la moral y sin escatimar esfuerzos económicos. La forma en la que actuó el gobernador es una violación directa a las normas de la contratación pública. Afectó la seguridad donde la comunidad está totalmente vulnerada, donde la presencia de esta estructura criminal está al servicio de José Facundo Castillo y cualquier acto que ellos hagan en contra de sus intereses va afectar su seguridad”, explicó el fiscal en la solicitud o petición de enviar a la cárcel al gobernador.

El nuevo lío judicial que le sale al exgobernador está en tres contratos que firmaron durante la administración de Castillo en la Gobernación de Arauca, el primero en 2013 por más de 9.700 millones de pesos para la dotación de mobiliario escolar para las instituciones educativas del departamento. En ese contrato se encontraron sobrecostos que superaron los 2.000 millones de pesos.

El segundo contrato firmado en 2019, incluido en el Plan de Alimentación Escolar, con ocasión de la emergencia sanitaria de la covid-19, pero se hicieron varios cambios sin justa causa, “sin estudios de mercado y generó sobrecostos por $860.975.373, entre otras posibles anomalías”.

El último contrato que se convierte en investigación fue firmado en abril de 2020 por 4.400 millones y destinado a la entrega de kits de ayuda alimentaria para suplir las necesidades ocasionadas por la pandemia. “La Fiscalía estableció que se realizó licitación pública para solo cumplir con lo previsto en la ley porque, al parecer, los requisitos y pliegos estaban direccionados para que el contrato quedara en manos de una firma específica”.