Piden a la Fiscalía desempolvar investigación por Carrusel de la Contratación en Bogotá

La investigación por el denominado Carrusel de la Contratación, que fue uno de los escándalos más sonados de corrupción en Bogotá y que involucró al exalcalde Samuel Moreno Rojas, quien se encuentra detenido por este hecho, parece revivir tras una solicitud que hizo este miércoles la Red de Veedurías a la Fiscalía General de la Nación.

La petición está relacionada con una solicitud de información sobre la investigación que por posible lavado de activos se abrió hace más de una década contra el exembajador de Colombia en Venezuela, Fernando Marín Valencia.

Tal como lo había revelado SEMANA, pese a que los grandes protagonistas terminaron en prisión, hay una serie de personas que habían pasado de agache en medio del multimillonario desfalco a la ciudad. Pero la felicidad no fue completa, porque con el paso del tiempo ya están en la mira de las autoridades judiciales.

Entre ellos están particulares y contratistas que habrían participado en los jugosos contratos, con la diferencia que para evitar ser rastreados, esta vez las movidas no fueron con la administración central, sino que los fueron firmando con las alcaldías locales e incluso a través de familiares y personas cercanas para tratar de borrar el rastro y evadir la justicia.

De acuerdo con esa organización, pese a que desde esa época se abrió una investigación por la presunta responsabilidad del exrepresentante diplomático en este hecho de corrupción, no se han conocido decisiones judiciales.

“La Red de Veedurías se pregunta, por qué el proceso de lavado de activos contra el exdiplomático Fernando Marín Valencia, que vivía en ostentosos lugares en Bogotá y Cartagena, no habría avanzado en la Fiscalía General de la Nación, pese a que los hechos fueron materializados”, como lo determinó el ente acusador en 2009 y 2011, señaló el director de la Red de Veedurías, Pablo Bustos.

Indicó que el propio ente acusador imputó a Marín Valencia por el presunto ocultamiento de los recursos procedentes del Carrusel de la Contratación.

Bustos señaló que la Red de Veedurías fue la que denunció ese presunto ilícito, pero que a pesar de que, en su momento, fue imputado por este hecho, hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión de fondo.

Por esa razón, según dijo, mediante un derecho de petición, la organización pidió a la Fiscalía la información sobre esta investigación y por qué luego de más de una década aún no hay resultados.

“Obedecerá esto al hecho de que su hija Ana Milena Marín conviviría, según información recibida, con un funcionario activo de la Fiscalía General de la Nación como es el señor Erick Monroy”, se preguntó Bustos.

Solicitó una “pronta respuesta de la Fiscalía y un quehacer inquebrantable sobre la procedencia de los recursos endilgados como lavado de activos, a manera de imputación”.

Igualmente, señaló que la Red de Veedurías solicitó la apertura de un proceso de extinción de dominio contra Marín Valencia y su núcleo familiar.

El escándalo de corrupción conocido como el carrusel de la contratación estalló luego de denuncias por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de construcción de la Troncal de TransMilenio por la Calle 26, la cual fue adjudicada en 2009 y que tenía previsto concluirse en 2011.

Los hermanos Moreno Rojas

Por este hecho fueron condenados los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, quienes se encuentran detenidos.

En el caso del exalcalde, en agosto de 2015, Moreno fue destituido e inhabilitado por 18 años por la Procuraduría. El 29 de marzo de 2016 fue condenado a 18 años de cárcel por su participación en el Carrusel de la Contratación. El 25 de enero de 2017 se aumentó su condena a 25 años de cárcel.

A mediados de febrero de este año, la Procuraduría, en un concepto de 17 páginas, le solicitó a la Corte Suprema revisar el monto de la condena emitida en contra del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, dentro del proceso que se le adelantó por las irregularidades en la cesión de uno de los contratos de la tercera fase de TransMilenio.

En el documento, el delegado del Ministerio Público pidió a la Sala de Penal “casar parcialmente” el fallo contra el exmandantario, pidiendo para esto “excluir la tasación de la pena para el delito de concierto para delinquir en calidad de determinador la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el numeral 10 del artículo 58 del Código Penal”.

En su argumentación sostuvo que en la condena emitida por el Tribunal Superior de Bogotá, y que aumentó a 25 años de prisión, la condena contra Moreno Rojas incurrió en un error, puesto que se lo volvió a incriminar en un hecho por el cual ya había sido sentenciado dentro del Carrusel de la Contratación.

“(…) Al condenar a Samuel Moreno Rojas con la circunstancia de mayor punibilidad, la de ‘obrar en coparticipación criminal’, desconoce el principio que prohíbe la doble incriminación, como quiera que esta hace parte de la descripción típica del delito de concierto para delinquir, y al condenar por el delito de peculado por apropiación con la circunstancia aludida, se condena dos veces el hecho de obrar en coparticipación criminal”, precisó el concepto.

Eso quiere decir, según se desprende del concepto, que ya fue sentenciado por haberse concertado con otras personas para entregar de manera irregular millonarios contratos de infraestructura durante su interrumpida alcaldía, todo esto a cambio de una millonaria comisión. Debido a esto, no se le podía condenar en otro proceso penal por los mismos hechos, ya que la ley lo prohíbe.

Esto se considera una vulneración clara al debido proceso y proporcionalidad, señalando que ya la misma Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en diferentes oportunidades sobre este escenario jurídico.

“(…) No puede juzgarse dos veces igual causa, esto es, no es viable investigar, enjuiciar o castigar a una persona más de una ocasión por el mismo motivo, pues, ello, en últimas, atenta severamente contra el principio de proporcionalidad, habida cuenta que la imposición de una doble sanción por una sola acción reprobada normativamente, conduciría a reprochar un hecho, excediendo el ámbito de retribución legal y forjando en el ciudadano la idea de injusticia e inseguridad”, señaló el documento.

Por su parte, tanto la Fiscalía General como la Contraloría de Bogotá y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), que fueron avaladas como víctimas en este proceso, le pidieron a la Corte Suprema de Justicia dejar en firme la condena penal, la multa y la inhabilidad que dejó en firme el Tribunal.