Biodiversidad: lo que protege el país sin puerto en Tribugá

Luego de cuatro años de análisis, el sonado proyecto de construir un puerto en el Golfo de Tribugá, no va más. De acuerdo con una comunicación dada a conocer por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la iniciativa no cumplió con el requisito relacionado con la garantía de seriedad y, por lo tanto, la entidad decidió declarar el desistimiento tácito de la solicitud de concesión portuaria presentada por la la Sociedad Promotora Proyecto Arquímedes.

Desde que se presentó por primera vez el proyecto, los debates en torno a la conveniencia o no del mismo estuvieron a la orden del día, pues mientras la comunidades manifestaban su inconformismo por considerar que la iniciativa causaría más daños que aportes a la región, el gobierno insistía en la importancia de desarrollo económico para el país. 

De acuerdo con asociaciones ambientalistas, la construcción del puerto afectaría directamente 114.438 hectáreas de áreas protegidas (que incluyen el DRMI Golfo de Tribugá-Cabo Corrientes y el Parque Nacional Natural Utría) y, por ende, la conectividad de una cadena de figuras de ordenamiento que busca garantizar la sostenibilidad, conservación y preservación de los recursos marinos y costeros del Pacífico chocoano.

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El proyecto incluso generaría ruidos y colisiones que se podían impactar el corredor migratorio de, al menos, 1.500 ballenas jorobadas que visitan la zona anualmente. La pérdida de manglares, bosques, playas de anidación de tortugas y otros ecosistemas clave podía romper la conectividad del Chocó biogeográfico, uno de los hotspots de biodiversidad a nivel mundial.

El Distrito Regional de Manejo Integrado, es una figura de conservación que si bien no prohíbe el desarrollo de algunas actividades, lo pactado con la comunidad eran acciones sostenibles como pesca artesanal y no precisamente un puerto.

De acuerdo con estudios de la fundación MarViva, este Distrito es un área marina de uso sostenible, que protege 60.138 hectáreas donde hay ecosistemas de manglar, fondos rocosos y sedimentarios, zonas de alimentación de aves migratorias, sitios de anidación de tortugas, bancos de piangua, áreas de congregación de pargos y meros, estuarios y el corredor migratorio de la ballena jorobada. Solo por mencionar una parte de la riqueza natural, de la cual, además, depende la seguridad alimentaria de las comunidades que allí habitan.

El Puerto de Tribugá tampoco podía considerarse como una obra interés social. Las comunidades de Nuquí, el Consejo Comunitario General Los Riscales, el Grupo Interinstitucional y Comunitario de Pesca Artesanal del Pacifico Norte GICPA, los Cabildos Indígenas y demás organizaciones sociales, siempre manifestaron la inconveniencia de este megaproyecto para su territorio.

Durante décadas Nuquí ha construido un modelo de desarrollo propio basado en la conservación de áreas protegidas, la pesca artesanal responsable, el ecoturismo comunitario, la agricultura, la protección de saberes tradicionales, entre otros. Este proyecto, según ellos, iba en contravía de sus visiones de bienestar, que dependen del vínculo histórico que estas comunidades tienen con los recursos naturales del territorio.

En la comunicación de la ANI explica que el 2 de marzo de 2016, la Sociedad Promotora Proyecto Arquímedes S.A. presentó ante la ANI una solicitud de “...una concesión portuaria para ocupar en forma temporal y exclusiva, por un periodo de 20 años, unos bienes de uso público para la construcción, operación, administración y explotación comercial de unas instalaciones portuarias de servicio público, ubicadas en el municipio de Tribugá, departamento del Chocó – Pacífico Colombiano, (...)”, la cual fue negada el 11 de octubre de 2017, decisión ratificada el 26 de diciembre de 2017, tras resolver el recurso de reposición interpuesto por la sociedad.

Sin embargo, en febrero de 2018, el representante legal de la Sociedad Promotora Proyecto Arquímedes S.A. interpuso la solicitud de revocatoria directa contra la resolución por la cual se negó la solicitud de concesión portuaria y también contra la resolución del recurso de reposición, en la que se ratificó la negación. En abril de 2018, se resolvió esta solicitud de revocatoria directa y se dio continuidad con el trámite de concesión portuaria presentado.

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Al continuar con el trámite de concesión portuaria, la empresa interesada en el proyecto debió renovar la póliza de garantía de seriedad de la propuesta, tal como se enuncia en artículo 2.2.3.3.7.4 del Decreto 1079 de 2015, por un plazo igual a la inicial, es decir, por dos (2) años más, contados a partir del momento en que se reanudó el trámite, desde el 1 de mayo de 2018.

"La ANI hizo varios requerimientos para que se allegara la garantía con la vigencia, según lo exige la ley. En su más reciente respuesta, en abril de 2020, la Sociedad Promotora Proyecto Arquímedes S.A. presentó como garantía o cobertura del riesgo de la seriedad de la oferta un contrato de fianza suscrito con la Compañía Colombiana de Créditos y Fianzas S.A.S – Afiancol, que no corresponde a una garantía válida", dice la ANI.

_{El Golfo de Tribugá es determinante en la biodiversidad del Chocó. Foto: Expedición Tribugá}

Por ello, la entidad solicitó concepto jurídico de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente y a la Superfinanciera, con el objeto de determinar si el Contrato de Fianza es una garantía aceptable, en marco de la Ley Aplicable, para acreditar la garantía a la seriedad del ofrecimiento en el trámite de la solicitud de otorgamiento de una concesión portuaria. Ambas entidades confirmaron que no es válida la fianza.

Finalmente, al no cumplir los requerimientos que constituyen un imperativo legal para dar continuidad del proyecto, en aplicación de las normas pertinentes, la ANI declara el desistimiento tácito de la solicitud de concesión portuaria.

Las organizaciones ambientalistas miembros de la Alianza Nuquí, celebraron la decisión e invitaron al Gobierno Nacional, a las autoridades regionales y locales y a las organizaciones de la sociedad civil a continuar haciendo seguimiento al proceso y a seguir impulsando el modelo de desarrollo propio e interétnico de la región, basado en la pesca artesanal responsable, el ecoturismo comunitario, la agricultura, la preservación de saberes culturales tradicionales, las áreas protegidas, entre otros.

"Esta decisión da cuenta de la falta de capacidad técnica y financiera de Sociedad Arquímedes para asumir una obra de esta envergadura, que traería importantes impactos negativos económicos, socioculturales y ambientales a las comunidades y al territorio", argumentaron las organizaciones en una comunicación oficial. 

Dijeron, además, que si bien este desistimiento es un mecanismo para terminar el proceso de solicitud de la concesión porturia del Puerto de Tribugá, la notificación de la ANI puede ser controvertida en los los próximos días por Sociedad Arquímedes. "Por tanto, desde Alianza Nuquí continuaremos haciendo seguimiento al proceso. Hacemos un llamado a la ANI a permanecer firme en su decisión y a ceñirse a los conceptos emitidos por las entidades consultadas, esto de acuerdo a los lineamientos del Decreto 1079 de 2015".

NO al Puerto de Tribugá

Si bien la iniciativa siempre recibió la oposición de muchos sectores, en los últimos meses la polémica estaba más que encendida luego de que el gobernador, Ariel Palacios, convocara a la Asamblea Departamental a sesiones extraordinarias con el fin de debatir un proyecto de ordenanza mediante el cual se buscaba declarar como obra de utilidad pública e interés social el megaproyecto del Puerto de Tribugá y su infraestructura conexa.

Ante la decisión del mandatario, ciudadanos, ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil, así como personalidades públicas, han expresaron su rechazo a este megaproyecto, argumentando que causaría graves impactos a los ecosistemas, además de no ser necesario, ya que el puerto de Buenaventura está muy cerca. 

Con los numerales #NoAlPuertoDeTribugá y #AlertaTribugá  llamaron la atención ante las graves consecuencias que tendría declarar esta iniciativa como obra de utilidad pública, pues desde hace mucho tiempo se ha hablado sobre los impactos que la construcción de este puerto traería no solo para las comunidades de la región, sino para los ecosistemas. 

Ante la decisión del alcalde, las organizaciones, miembros de la Alianza Nuquí, hacieron en su momento un llamado para evitar que se tomara esa determinación, al considerar que este no era un proyecto que beneficiara el interés general de la Nación y mucho menos el bienestar colectivo de las comunidades de la región. 

Organizaciones como WCS, MarViva, WWF Colombia, Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la UnIversidad de Los Andes, Expedición Tribugá y Manglares Vivos, entre muchas otras, consideraron que se trataba de una declaratoria completamente inconveniente para el territorio, sus comunidades y el país.

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A través de una comunicación conjunta, solicitaron que se orientaran esfuerzos para seguir apoyando a las comunidades en la conservación de los recursos marinos y costeros de la región y que se emprendieran acciones para garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y anhelos de la población de Nuquí desde un modelo de desarrollo propio.

Argumentaban que se trataba de una obra que no traía consigo un aumento significativo de la productividad y la competitividad de la economía nacional, como tampoco un incremento en la capacidad exportadora del país.