¿En qué va la misión de descentralización?

Para el próximo año el Sistema General de Participaciones moverá recursos por $43,8 billones, lo que implica que tendrá uno de los incrementos porcentuales más altos de la historia reciente del país. El monto hace parte del presupuesto general de la Nación que se discute actualmente en el Congreso, y cuyo monto total fue aprobado por $271,7 billones.

Las entidades territoriales están a la expectativa de la distribución de esos recursos en esta era en la que nuevos instrumentos legislativos, como la Ley de Regiones, les dan a los departamentos un mayor margen de acción no solo para conseguir más plata de la Nación sino para generar los propios.

El debate sobre las necesidades financieras y fiscales tendrá al cierre de este año un “condimento” adicional que le pondrá otra sazón al debate: para ese momento los Gobiernos Nacional y departamentales, con el apoyo de varios actores de la academia y los gremios, deberán tener lista la conformación de la Misión de Autonomía y Descentralización, creada por la Ley 1962 -o Ley de Regiones-, de este año.

Esto ha llevado a que desde varios sectores comiencen los preparativos para esta nueva etapa. El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Carlos Camargo Assis, por ejemplo, ya creó una Comisión Especial de Seguimiento al proceso frente al cual los 32 departamentos tienen cifradas sus esperanzas en el sentido de que la relaciones Nación-Región sean menos asimétricas.

Camargo, cuya organización celebrará el próximo 1º de octubre sus 25 años de vida, señala que la Misión representa para la FND una oportunidad clave para hacer valer los derechos de los departamentos “reflejados en un nuevo orden territorial y en un modelo de Estado que reconozca las nuevas realidades de las regiones y haga ciertas la autonomía y la integración”.

¿Cuáles son los principales desafíos de la Misión? Estas son las tareas fundamentales que deben cumplirse para cerrar progresivamente las brechas en sectores clave como educación y salud. 

En educación. Los desequilibrios que se advierten entre los niveles de cobertura neta y bruta en los niveles educativos de transición, media, preescolar y básica están directamente relacionados con una capacidad de gestión de recursos que aún es baja y que, para algunos, justifica el “tutelaje del Estado” en esta materia.

A ellas se suman los desequilibrios en la calidad de la educación entre la Nación y las entidades territoriales, especialmente las más pequeñas y pobres. Por ejemplo, en 2018, 834 municipios calificaron por debajo del promedio nacional en los resultados de las Pruebas Saber.

El Sistema General de Participaciones en Educación es el principal instrumento financiero del sector educativo para los niveles preescolar, básica y media y, en 2017, financió el 68.63% de la educación pública en este nivel educativo.

Las entidades territoriales presentan alta dependencia de estos recursos al considerar que solo ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla y departamentos como Atlántico, Valle y Cundinamarca tienen recursos importantes propios y capacidad de inversión. 

De acuerdo con el estudio "Efecto redistributivo del Sistema General de Participaciones" (SGP), preparado por la Contraloría en 2017, el Sistema General tiende a ser progresivo en la medida en que la población pobre recibe proporcionalmente una cantidad mayor de recursos.

En salud. La proporción de la participación del SGP destinada a salud se ha mantenido casi invariable desde el 2002:  24,5% de la asignación para sectores (96%), es decir un 23,5% de la asignación total.

Hasta un 80% de tal participación se ha destinado para los subsidios a la demanda, régimen subsidiado y así se ha logrado un nivel de cobertura importante en los territorios.

Cabe destacar que las personas en condición de pobreza han logrado un mayor acceso a los servicios de salud. Para un 90% de los municipios (Fondo Local de Salud), el SGP-salud no representa más del 50% de los recursos, tendencia que se ha mantenido desde 2015.

Pero la persistencia de brechas en el sector también resulta visible, especialmente en zonas que presentaron resultados menos deseables en indicadores relacionados con mortalidad. El debilitamiento de la oferta pública también ha sido progresivo.

Aun así, el “Acuerdo de punto final en salud” recientemente celebrado parece estar generando una dinámica más optimista. El establecimiento del giro directo por el Ministerio de Salud para mejorar el flujo de los recursos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud tendrá, según los expertos, efectos positivos.

Con el fin de lograr mayor equidad entre los regímenes contributivo y subsidiado, el nuevo Plan Nacional de Desarrollo estableció que la Nación asumirá, a partir de enero de 2020, el gasto NO PBS. La liberación de esa carga les debe permitir a los gobiernos regionales administrar mejor los recursos disponibles.