Procuraduría pide revocar las consultas previas por medios virtuales con pueblos étnicos

Por considerar que se trata de una decisión que es contraria a la Constitución Nacional, a la ley y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos le sugirió al ministerio del Interior revocar la circular mediante la cual se determina el uso de medios virtuales para la realización de consultas previas con comunidades étnicas.

De acuerdo con el ente de control, se trata de una medida que afecta el derecho fundamental de los pueblos étnicos, a participar de estos procesos. En un oficio enviado por el procurador delegado de Asuntos Étnicos, Richard Moreno Rodríguez, a la ministra del Interior, Alicia Arango, sustenta tres razones por las cuales dicha determinación debería ser revocada. En primer lugar argumenta, que la  medida administrativa referida, es contraria a la Constitución. "La Corte Constitucional con base en los artículos 7 y 70 de la Constitución Política ha reconocido que los pueblos étnicos son titulares de derechos fundamentales, entre ellos la consulta previa".

Explica, además, que cualquier reglamentación del derecho fundamental a la consulta previa se debe realizar mediante una Ley Estatutaria, previamente consultada con los espacios de diálogo intercultural establecidos, como la Mesa Permanente de Concertación con pueblos indígenas y el Espacio Nacional de Consulta Previa con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, por ser medidas de carácter general que afectan directamente a los pueblos étnicos. Así las cosas, esta no puede ser una decisión unilateral. 

La segunda razón que esbosa el procurador Moreno, es que se trata de una medida contraria a la Ley. Explica, que la ley que regula los Estados de Excepción en Colombia, establece la prevalencia de tratados internacionales en el orden interno, por lo que la circular expedida por el ministerio que determina "recomendar, promover y permitir el uso de herramientas tecnológicas y canales virtuales, para que en la mayor medida posible y de manera libre e informada, se adelanten consultas previas de proyectos, obras y actividades, y de medidas legislativas y administrativas, con las comunidades indígenas, rom, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras", excede las facultades que le otorga la ley al gobierno nacional durante el mencionado estado.

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Lo anterior, teniendo en cuenta que esta reglamentación se está limitando solo a aquellas comunidades étnicas que tienen acceso a herramientas tecnológicas y canales virtuales. Según Moreno, la circular referida desconoce que la mayoría de los pueblos étnicos habitan en territorios y regiones que presenta los peores indicadores en materia de desarrollo humano y social, así como las más altas tasas de pobreza en Colombia, a la que se suma las enormes dificultades en materia de conectividad, cobertura y acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre ellas los servicios de internet, lo que dificultaría el acceso al derecho de manera libre e informada y el desarrollo de las prácticas propias internas de concertación y decisión.

Por último, el funcionario precisa que la Corte estableció unos requisitos o reglas jurisprudenciales para la realización de la consulta previa y la búsqueda del consentimiento libre e informado de las comunidades étnicas, por lo que la circular es contraria a la jurisprudencia de esta alta Corporación. 

"En el caso en concreto la circular cuestionada, atiende la necesidad de adelantar la consulta como tramite, más no como derecho fundamental del cual el Estado es garante, toda vez que la consulta virtual como se establece en la circular no es un procedimiento pertinente y adecuado para llegar a un acuerdo con las autoridades representativas de los pueblos y las comunidades, que en cada caso puede ser diferente", manifiesta.

_{Indígenas del Parque Nacional Tayrona. Foto: PNN}

Por estas razones, el procurador le sugiere a la ministra Arango, establecer canales y mecanismos de concertación idóneos con las instancias de los pueblos étnicos, que permitan concertar las medidas normativas e intervenciones que se den en los territorios en el marco de la emergencia de la covid 19 y el estado de excepción, sin detrimento de los derechos fundamentales de estas poblaciones, en este caso con la consulta previa. 

Decisión violatoria de los derechos

Frente a esta realidad, voceros de las comunidades indígenas también se han pronunciado en contra de la decisión. Rogelio Mejía, gobernador arhuaco de Magdalena y Guajira, considera que la decisión del Mininterior de realizar consultas previas virtuales le puede hacer mucho daño a los pueblos con los que se tienen que conciliar este tipo de trámites. ¿Cuál es el afán de realizar consultas previas en este momento?, se pregunta.

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Para este líder indígena, se trata de una decisión irresponsable del gobierno que busca llevar a cabo estos procesos solo por cumplir un protocolo, vulnerando los derechos de las poblaciones más sensibles. Argumenta que es importante que el ejecutivo y todo el mundo tenga en cuenta que lo que está sucediendo con la pandemia es consecuencia de las afectaciones al medioambiente. 

Por su parte, Felipe Rangel, consejero de territorio de la Organización Nacional Indígena (ONIC), dice que la ley establece que este tipo de procesos se deben realizar de forma directa con las comunidades. A su juicio, realizar las consultas previas de manera virtual viola la participación de las poblaciones, por lo que a todas luces en un proceso inconstitucional. 

"Me parece que utilizar esta situación de crisis humanitaria y de salud para tomar estas decisiones no está bien. El gobierno no puede pensar como muchos empresarios, que la consulta previa le pone freno al desarrollo del país. De hecho, ya hay muchas consultas que se han realizado sin ofrecer las garantías suficientes y otras exprés que hoy tienen grandes afectaciones y repercusiones en los territorios desde el punto de vista social, ambiental y económico", asegura. 

Para este representante de las comunidades indígenas, es más importante que gobierno empiece a mirar y a impulsar a los campesinos que durante la pandemia han demostrado que son los que están ahí para soportar al país en medio de una crisis. A su juicio, no es necesario en este momento adelantar procesos de consulta previa, pues se trata de trámites que se pueden realizar una vez termine la coyuntura por la que atraviesa el país y el mundo. 

Por otro lado, la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC)  propuso realizar una tuiteraton este jueves, a las 4 de la tarde, por considerar que el gobierno violenta el derecho fundamental de la consulta previa a los pueblos étnicos y la autonomía de estas comunidades. A esta organización el Ministerio del Interior culpó de haber solicitado el uso mecanismos flexibles y tecnológicos para garantizar la participación, a través de una carta que supuestamente recibió el pasado 23 de marzo.