Solo el 12 por ciento de las víctimas del conflicto armado han sido reparadas, advierte la Defensoría

Revisar los recursos asignados para la reparación a las víctimas del conflicto armado, pidió este miércoles la Defensoría del Pueblo tras advertir que en los 10 años de vigencia de la ley, solo el 12 % de las personas que han sido afectadas por la acción de los grupos armados ilegales han sido beneficiadas con las normas aprobadas por el Congreso de la República.

La entidad demandó que en el Presupuesto General de la Nación 2023, que se estudia en el legislativo, se hagan los ajustes necesarios para garantizar los recursos necesarios para priorizar y atender integralmente a ese sector de la población.

Señaló que la indemnización a las víctimas del conflicto armado es uno de los presupuestos centrales para la construcción de paz, pero que esto “no se está dando con la celeridad que se requiere”, por lo que consideró que se debe avanzar en la incorporación de más recursos que permita que las víctimas sean indemnizadas adecuadamente.

Según un informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas informe, quedan pendientes por indemnización 8.813.711 de víctimas y si se toma el presupuesto proyectado en el CONPES 4031 del 2021, serán indemnizadas aproximadamente 1.170.706, lo que indica que el presupuesto sigue siendo bajo.

“De persistir con esa tendencia de pagos, se tardarían 80 años para garantizar el derecho a la indemnización a todas las víctimas”, afirmó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

En este sentido, señaló que apoya la petición de los congresistas de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), para que se haga una adición sustancial al Presupuesto General de la Nación y se destine al pago de la indemnización a las más de doce millones de víctimas reconocidas en el país, en aras de garantizar la reparación integral de las víctimas del conflicto armado.

“Se debe priorizar atención y reparación de víctimas en el Presupuesto Nacional. Este es un tema que amerita toda la atención de los congresistas y el Gobierno nacional para que sigamos construyendo un país en paz”, puntualizó.

Víctimas del conflicto armado con discapacidad piden atención integral del Estado

Entre tanto, víctimas del conflicto con discapacidad llamaron la atención del Gobierno del presidente Gustavo Petro para que se adopten las medidas que les garantice su acceso integral a los programas estatales.

Durante un encuentro con 33 delegados departamentales en Bogotá, confiaron en ver resueltas sus demandas en los próximos cuatro años.

En este espacio, los voceros de las víctimas de este hecho formularon reclamos en torno a temas que históricamente no se han resuelto y que esperan se logren con las políticas del nuevo Gobierno.

Entre ellos, certificación de discapacidad, Sisbén IV, Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, indemnización administrativa y Sistema Nacional de Discapacidad.

Coincidieron en que debe revisarse por qué las víctimas que sufrieron su incapacidad en el marco del conflicto armado no son cobijadas por todos los programas del Gobierno nacional; la atención psicosocial es limitada, la focalización y caracterización insuficiente en muchas regiones del país y la inclusión en espacios laborales casi inexistente.

“Lograr la certificación de discapacidad es un proceso muy complicado”, señalaron asistentes del encuentro, que consideraron importante actualizar el formulario en el que catalogan la discapacidad como “accidente común” y no como un atentado con ocasión del conflicto armado.

Por lo tanto, el Ministerio de Trabajo no acepta la discapacidad para definir acciones concretas.

“Persisten las barreras”, agregaron, y propusieron que el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas sea con Enfoque Diferencial, que se agilicen los trámites y que la indemnización administrativa para esta población sea revisada de manera minuciosa porque ahora se encuentra en contravía de sus derechos.

Insistieron en la necesidad de tener voz y voto y entrada directa al Sistema Nacional de Discapacidad y, además, en el cambio de la metodología de medición del Sisbén IV a la que catalogan como arbitraria.

“Estamos envejeciendo, necesitamos mínimos vitales, fuimos afectados por la pandemia. La Paz Total también empieza por atender todas nuestras necesidades”, puntualizaron.