OPINIÓN

Historia, asuntos legales y acceso a la justicia social de la diversidad sexual en Colombia

"Colombia ha avanzado de un Estado teocrático a un Estado laico, los conceptos de moralidad/inmoralidad han ido cambiando y aunque todavía es necesario consolidar un estado plenamente civil, ahora existe mayor libertad y menos control de los cuerpos".

Germán Humberto Rincón Perfetti
9 de enero de 2020

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En la Colombia del siglo XVIII existían delitos como el adulterio, el estupro, la publicación de escritos obscenos y la alcahuetería. Colombia ha avanzado de un Estado teocrático a un Estado laico, los conceptos de moralidad/inmoralidad han ido cambiando y aunque todavía es necesario consolidar un estado plenamente civil, ahora existe mayor libertad y menos control de los cuerpos.

La historia sobre temas de homosexualidad tiene tres momentos. El periodo anterior a 1980, cuando la homosexualidad masculina fue considerada delito (sodomía), es decir, muchos fuimos delincuentes sin saberlo. La segunda etapa, de 1980 a 1991, cuando es excluida del código penal la categoría de delito, época en la cual no existíamos, ni éramos nombrados/as. Finalmente, nace la Constitución Política de 1991 y con ella la Corte Constitucional que ha tenido una labor importante en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos.

En el tema de homosexualidad la Corte tuvo dos etapas. La inicial fue el reconocimiento del libre desarrollo de la personalidad. Hoy podemos estar en el sistema educativo, las Fuerzas Militares y no ser excluidos/as por nuestra orientación sexual. La segunda etapa de la Corte comienza en el año 2007 con el reconocimiento de derechos a las parejas del mismo sexo, comenzando por el tema patrimonial, hasta llegar al matrimonio y adopción igualitaria.

Los derechos de las personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversa en Colombia han llegado gracias a la jurisprudencia progresista y garantista de la Corte Constitucional. El Congreso de la República en muchas oportunidades ha tenido la oportunidad de cumplirle al Estado democrático legislando sobre el tema. Sin embargo, le ha fallado por problemas de contaminación religiosa. La siguiente frase pronunciada en los debates lo resume perfectamente: “Dios los creó; Adán y Eva y no Adán e Iván; mi voto es en contra”.

Actualmente en Colombia y países de la región americana, la industria religiosa fundamentalista antiderechos ha venido creciendo. Además de recibir los ingresos económicos, avanzan en el mundo de la política electoral gracias al “borreguismo político”, que les trae baja inversión y grandes utilidades. Estos grupos cada día conocen más de las estructuras de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial dentro de cada país, ONU y OEA, a donde han llegado a imponer las lecturas propias de lo que consideran su libro sagrado.

Esta es la mayor amenaza a los derechos y se vio plasmada en uno de los anuncios de agosto de 2016, cuando se realizó una marcha en contra de la entonces ministra de Educación Gina Parody debido a unas cartillas sobre educación sexual. La pancarta decía “El manual de convivencia que debe implantarse en los colegios es la Biblia”. Lo anterior va en contra de la neutralidad que debe tener el Estado y quienes allí trabajan para que los temas religiosos personales o grupales no hagan parte de las agendas públicas lo que nos está llevando de nuevo al Estado teocrático, impuesto por quienes no ven, no entienden, no comprenden algo diferente a sus interpretaciones de su libro sagrado, imponiendo sus estilos y creencias a la totalidad de personas.