Se acabó el silencio: una ley para las víctimas

A inicios de la década pasada, el país no daba crédito a la cada vez más inverosímil guerra que estaba viviendo. Masacres como la de El Salado (2000) o la de Bojayá (2002), por nombrar solo algunas, y el reciente desplome del proceso de paz entre el gobierno Pastrana (1998-2002) y la guerrilla de las Farc habían sumido a los colombianos en un estado de confusión y desesperanza. Parecía que la violencia se había tomado al país definitivamente.

La opinión pública dominante y buena parte del sector político exigían acciones concretas contra los perpetradores de los atentados. Cómo enfrentarlos, cómo derrotarlos y cómo castigarlos eran algunas de las preguntas a las que todos ofrecían una respuesta. Pero nadie proponía una vía institucional robusta y efectiva que tuviera como objetivo reparar integralmente a las víctimas del conflicto. Es cierto que existían algunas normativas para ofrecer asistencia a quienes sufrían por la violencia¹, pero la realidad es que las víctimas tenían muchas dificultades para acceder a ella.

En 2003, el entonces senador Juan Fernando Cristo fue a España y regresó con la idea de la ley. Allí, inició la labor de construir con organizaciones de derechos humanos una normativa que pretendiera visibilizar, dignificar y, sobre todo, reparar a las víctimas de nuestra guerra. En 2007, después de presentar una primera versión escueta de la ley, iniciaron un recorrido por todo el país organizando audiencias públicas con las víctimas, con el propósito de darles la oportunidad de dirigirse al Estado, directamente y sin mediaciones, para dar a conocer su experiencia de la violencia.

Era difícil encontrarse con quienes habían vivido la violencia en carne propia, y una vez se llegaba a ellos, no siempre estaban dispuestos a dar su testimonio. Por lo demás, no existía en ese entonces un movimiento de víctimas organizado, y las pocas personas que se atrevían a hablar exigían que no las grabaran ni les tomaran fotos durante la audiencia. No era fácil asumir la vocería de una población para denunciar a los actores armados. Perder la vida por alzar la voz contra la violencia era casi una certeza. La sola idea de elaborar una normativa estructural por y para las víctimas parecía que no llevaría a ningún lado. “Era arar en el desierto”, recuerda Gil.

Sin embargo, poco a poco, la sociedad comenzó a dar indicios de estar despertando de su estado de confusión ante la barbarie. Las multitudinarias marchas del 4 de julio y del 6 de marzo de 2008, ambas convocadas por vertientes políticas opuestas, parecían ser el síntoma evidente de que algo, que había permanecido en silencio durante años, exigía salir a la luz pública.

Por esta misma época, el grupo de asesores de Cristo fue testigo de un suceso que quedó profundamente grabado en la memoria de la politóloga. Fue en un coliseo en Valledupar, durante una de las audiencias públicas. Una señora se había levantado para dar testimonio de las atrocidades que había vivido. Era tal la carga emocional que contenían sus palabras y era tal el miedo con el que hablaba, que la señora se desmayó. “Y no me preguntes cómo, pero después de todo esto, empieza la música y todo el mundo salió a bailar.” El relato de esta sobreviviente desencadenó un caudal de emociones que desembocó en una explosión musical que dio rienda suelta a una catarsis colectiva.

En Noticia de un secuestro, Gabriel García Márquez hizo una aguda descripción del alma colombiana: “Es inevitable: en Colombia, toda reunión de más de seis, de cualquier clase y a cualquier hora, está condenada a convertirse en baile”. Sus palabras parecieron cobrar vida aquel día. “Es la foto del país —dice Gil tratando de explicar lo que sucedió—. Era un drama horrible que terminó con la gente bailando vallenato”. Más allá de lo anecdótico, este hecho era inequívoco: el país estaba pidiendo a gritos un proceso de sanación, y ya no podía contener la necesidad de enfrentarse a sí mismo.

En 2007, después de varios años de labor en las regiones, Juan Fernando Cristo radicó una primera versión del proyecto de Ley de Víctimas. Si el esfuerzo en las audiencias fue grande, en el Congreso no fue menor. El reconocimiento de los derechos de las minorías, la definición de “víctima”, las vías de reparación, todos esos temas eran pequeñas luchas que ocuparon el día a día del equipo del senador. Pero hubo dos asuntos que, recuerda Gil, fueron los más difíciles de defender. El primero, aceptar que existía un conflicto armado interno en Colombia, y el segundo, reconocer que no solo había víctimas de grupos ilegales, sino víctimas de Estado.

El 18 de junio de 2009, el proyecto de ley presentado dos años antes, y que había recorrido y superado todos los debates, se archivó en su etapa final. “Si a mí me preguntas cuál ha sido el peor día de mi vida profesional, la respuesta es: el día que se hundió la ley en el Senado. Se me caían las lágrimas”. El entonces presidente Uribe (2002-2010) sustentó su oposición al proyecto de ley en dos argumentos principales, como lo expuso en un comunicado oficial: su insostenibilidad fiscal y el rechazo a igualar a los militares con las Farc, pues los primeros, como representantes legítimos del Estado, no podían producir víctimas.

Sin embargo, este no fue el fin del proyecto. Bajo el primer periodo presidencial de Juan Manuel Santos (2010-2014), este retomó un nuevo aire y se encaminó a una segunda ronda de audiencias públicas regionales y de debates en el Congreso. Si bien esta etapa del proceso no se dio sin pisar los callos de siempre, lo cierto es que sí hubo un cambio en el horizonte de las voluntades políticas. Muchos de los sectores que se opusieron a esta iniciativa en 2009 terminaron aprobándola el primero de junio de 2011², y la Ley 1448 de 2011 fue sancionada por Santos nueve días después.

Seis años después

“Hay pocas leyes que cambian un país, que cambian realidades de forma drástica, y yo estoy convencida de que la 1448 de 2011 cambió al país. Este es un país diferente”, afirma contundentemente Gil. Y es diferente por varias razones. La primera de ellas es que obligó al país a reconocer y a encarar la realidad que vivían muchos colombianos: la existencia de un conflicto armado interno.

Es claro que el contexto social en el que nació la Ley de Víctimas no permitía suponer que recorrería un camino fácil: tenía que vérselas con un terreno lleno de dificultades políticas, teóricas y prácticas.

La definición misma de “víctima”, en el artículo 3 de la Ley, no se logró sin obstáculos. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (cuya creación también se formalizó en la Ley 1448 de 2011), en su informe ¡Basta ya! contaba aproximadamente 220.000 muertos (de los cuales más del 80% son civiles) y más de 5 millones de víctimas no letales. En términos prácticos, es imposible pretender repararlos integralmente a todos. Debía determinarse una fecha a partir de la cual iniciaría el censo de las víctimas y que, si bien sería una fecha arbitraria, debía buscar la reparación de la mayor cantidad de víctimas como fuera posible, conservando un principio de realidad inevitable. Se estableció que serían reconocidas víctimas aquellas que hubieran padecido el hecho victimizante a partir del primero de enero de 1985, y esto, según Gil, obedeció a dos peticiones generalizadas: que abarcara a las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia (en noviembre de 1985) y a las de la masacre de la UP.

Además, y esto lo reconoce Gil con la autocrítica que da el paso del tiempo, la Ley 1448 no es perfecta. Uno de sus aspectos más complejos es la creación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que tiene por objetivo la coordinación de más de 30 entidades, nacionales y territoriales, públicas y privadas, encargadas de formular o ejecutar los proyectos tendientes a reparar a las víctimas. “El andamiaje institucional de la ley es muy complicado, y creo que en eso fallamos”.

Por otro lado, nuestra guerra seguía produciendo víctimas al mismo tiempo que se legislaba para repararlas. La Ley 1448 fue sancionada un año y medio antes de que se instalara oficialmente la Mesa de Negociación entre el gobierno y las Farc, en octubre de 2012. Esta era una situación insólita en el mundo, que si bien evidenciaba un genuino afán por reparar a las víctimas, dejaba al descubierto la complejidad de la realidad nacional y los desafíos que la implementación de la ley enfrentaría: ¿cómo prometer un mejor futuro a quienes seguían viviendo en medio del fuego cruzado? ¿Cómo garantizar la no repetición cuando una guerra no ha terminado?

Pero esa moneda tuvo otra cara: “Nosotros llegamos al proceso con algo que, en los demás países, se había hecho después de firmado un acuerdo de paz: el reconocimiento de las víctimas”, advierte Gil, y fue eso lo que permitió que ellas, reconocidas y empoderadas, tuvieran una voz audible en la mesa de negociación con las Farc. Según ella, fue gracias a la Ley 1448 de 2011 que el movimiento de víctimas empezó un tránsito fundamental: dejaron de ser cuerpos pacientes de violencia para convertirse en agentes políticos en capacidad de reclamar y ejercer sus derechos.

Entre el pasado y el futuro

Cuando se habla de reparación a las víctimas de la violencia, las críticas tienden a señalar la imposibilidad de deshacer el pasado. Y es cierto: no se pueden recuperar todos los años que un padre o un hermano estuvo lejos de su familia, y mucho menos se puede reponer la ausencia de un hijo asesinado en el conflicto. Pero es que la dirección de la reparación no señala el pasado, que es inmodificable, sino el futuro, que está por construir. La reparación consiste, fundamentalmente, en hacer lo posible por mejorar el presente de quien ha sufrido un daño en el pasado, pero con el propósito de asegurar un mejor futuro. Y es a esa labor a la que se ha consagrado la Unidad de Víctimas desde hace seis años. Al día de hoy, según cifras del Registro Único de Víctimas, han sido reparadas más de 676.490.

La Ley de Víctimas también abrió la puerta para nuevas dinámicas de reparación simbólica a las que todos los colombianos, no solo las víctimas desde 1985, tenemos el derecho de acceder. Y no es un asunto menor: conocer la verdad, reconocer lo sucedido y no olvidar a quienes desaparecieron es uno de los primeros pasos para sanar como sociedad. “Acá nos falta mucha verdad, pero tenemos que buscar la verdad para que nos una, no para que nos separe más”. Animada por ese espíritu, la ley busca apoyar y estimular todas las iniciativas de memoria.

La politóloga recuerda conmovida su visita al Jardín de la Memoria en San Carlos, un municipio antioqueño que sufrió como pocos el drama del desplazamiento forzado. Entre 1985 y 2006, la población se redujo de 26.000 habitantes a 11.000, según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica. En la plaza central de San Carlos hay una fuente rodeada por un muro adecuado para colgar hojas y flores artificiales. Cada hoja corresponde a un tipo de hecho victimizante (abuso sexual, desplazamiento, secuestro, asesinato). Así, cuando las personas están listas, se acercan al jardín y le agregan una nueva flor, le inscriben el nombre de la víctima, el año de nacimiento, a veces también el de su muerte y la información adicional que quieran. Es un árbol en constante construcción, “hecho con las uñas”, en el que se ve y se siente la auténtica intención de dignificar la memoria de las víctimas del conflicto. “Este tipo de iniciativa no habría sido posible sin la ley”.

Llegará el día en que, como lo desea Gil, eliminaremos la palabra “víctima” de nuestro lenguaje político. No solo porque no queremos que la violencia produzca más víctimas, sino porque el país tendrá que dejar de definirse como tal. “Las personas son multidimensionales, tienen cantidad de características, y la palabra ‘víctima’ tiene una carga de debilidad que ya no tiene el movimiento de víctimas. Cuando iniciamos el acercamiento con ellas, la conversación estaba centrada en el testimonio. Las víctimas necesitaban que sus historias de vida fueran escuchadas. Hoy el tono del diálogo es diferente. Gira en torno a la realización de sus derechos. Los conocen y los reclaman. Si eso no es avance, ¿díganme ustedes qué es?”, dice.

Es cierto que la Ley 1448 de 2011 no acabó de manera definitiva con el conflicto armado interno, pero como dice Gil, contribuyó de manera decisiva a hacer posible el proceso de paz. Falta mucho para cumplir los objetivos deseables en términos de reparación, garantías y no repetición. Pero difícilmente se podrá negar que la Ley de Víctimas dio un paso fundamental. Hace 15 años, las víctimas del conflicto armado eran objetos de silencio: unos callaban por indiferencia; otros, por cálculo político, y otros, por miedo. Siete años después de la sanción de la ley, no solo la sociedad colombiana reconoce a las víctimas de la guerra, sino que ellas mismas han recuperado la voz que por décadas les fue arrebatada.

En Colombia, se acabó el silencio. La ley no es ni puede ser el fin de la historia, pero es un primer capítulo para reinventarnos como un país sin violencia.

^{*Filósofo y politólogo.}

^{1. Por ejemplo, la Ley 387 de 1997, la Ley 418 de 1997, la Ley 975 de 2005 y el Decreto 1290 de 2008, entre otros.}

^{2. Ver el registro de las votaciones en el Congreso de los respectivos proyectos de ley en https://www.congresovisible.org/votaciones/1645/ y en https://www.congresovisible.org/votaciones/5923/.}