#AcuerdosYa
Los testimonios de las víctimas e indigenas que marcharon por la paz
El 12 de octubre llegaron miles de indígenas, campesinos y víctimas del conflicto a la Plaza de Bolívar para hacer oír sus voces. Acá, recogemos algunas.
En medio de arengas y gritos que pedían “¡Acuerdos ya!”, víctimas de crímenes de Estado, campesinos, indígenas, afros y estudiantes marcharon el 12 de octubre hacia la Plaza de Bolívar. En las últimas dos semanas las movilizaciones por la paz han ocupado la atención de los medios. Se han visto fotografías, videos, una intervención artística y varias decenas de carpas en la plaza. Durante la marcha del 12 de octubre, hablamos con algunas de las víctimas e indígenas y nos contaron sus historias, que reproducimos a continuación.
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Mi nombre es Gloria Elsa Salcedo de Pedraza. A mi hijo, Carlos, lo desaparecieron el 19 enero de 2015 y apareció el 21 de enero en Gachancipá, Cundinamarca, en una parte que se llama ‘Las marraneras‘. Estaba allí con un tiro en la cabeza. Ese día Carlos salió de la casa a una cita -era el gerente de una comercializadora de alimentos del campo, para venderlos en la ciudad- y no volvió más. Yo estaba en ese momento en la casa de mi hija y mi otro hijo no me contó nada hasta el jueves, hasta que supo que había pasado con el hermano. Lo estuvo buscando hasta que lo llamaron a la casa, le dijeron que habían encontrado un muchacho y entre sus papeles habían unas tarjetas de la comercializadora y que había tenido un accidente de moto. ¿Cuál moto? Si él no tiene moto. Él nunca se monta en una moto. Después dijeron que eran de la policía y que habían encontrado a Carlos con un golpe en la cabeza y que tenían que ir a Zipaquirá, se fueron hasta allá y se dieron cuenta que era él. Yo supe ese jueves por la noche, me contaron que Carlos se había ido. El Estado no ha dicho nada.
Foto: Álvaro Tavera.
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Leonel Mosquera: Salgo a marchar porque no solamente existen los crímenes al interior del conflicto armado sino que existen crímenes de estado y en los cuales no ha habido respuesta del gobierno nacional. En esta caso me parece que para que haya un acuerdo de paz ya, que involucre a todas las partes, dar la verdad, principalmente, que es lo que necesitamos. Encontrar a nuestros seres queridos. Verdad y reparación para que exista la paz. En mi camiseta está el rostro del hermano de una compañera del trabajo, Pedro Nel Osorno que lleva desaparecido unos 22 años. Hasta el momento no se sabe siquiera dónde está. Solo se sabe que desapareció en un municipio del suroeste antioqueño. No hemos podido encontrar, siquiera, sus restos. A él lo detuvo, en ese tiempo, el GOES (Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional) y lo desaparecieron. Se sabe de dónde lo sacaron y en qué carro se llevó. Pero no se sabe absolutamente nada más de él. En este momento se están haciendo las averiguaciones, incluso se presentó ante la procuraduría y la fiscalía y estamos esperando que al menos haya respuesta. Consideramos que si estamos en un proceso de paz la movilización es el camino. Nosotros no queremos armas, queremos la paz y la paz se hace con justicia social, con darle al pueblo lo que realmente es del pueblo.
Foto: Álvaro Tavera.
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Mi nombre es Candelaria Vergara. Mi compañero Pedro Julio Movilla Galarcio es víctima de desaparición forzada por parte del Estado colombiano. Se lo llevaron el 13 de mayo de 1993 y como estoy reclamando que me digan qué hicieron con él, dónde lo tienen, dónde está, y que me digan la verdad de qué pasó con él. Por eso estoy en las calles, exigiendo verdad y justicia. Eso fue un jueves. Se lo llevaron de la escuela John F. Kennedy -en la Av. 68 con primera de mayo en Bogotá-, donde fue a llevar a la niña al colegio, tres motos de alto cilindraje sin placas, eran seis personas, el rostro no se les veía, no se reconocían. Hicieron un simulacro y a Pedro se lo llevaron. Desde ese momento no hemos sabido más. Pedro fue un dirigente social, popular y veníamos desplazados desde Montería y acá en Bogotá se lo llevaron. Fue el Estado porque nosotros no somos personas que tengamos otro tipo de enemigos y él era un dirigente social y político y por eso lo desaparecieron.
Es algo que nadie lo entiende si no lo ha vivido. Es una desesperación de todos los días, porque para mí es como si se lo hubieran llevado hoy. Es una tortura diaria preguntarnos: ¿dónde está Pedro?, ¿qué hicieron con Pedro? La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad porque es una tortura diaria para el núcleo familiar, para la sociedad. Es para meternos miedo, pero no lo van a conseguir. Seguimos reclamando dónde está Pedro y todos los desaparecidos de este país. En este momento en Colombia hay muchísimas víctimas de desaparición forzada de tipo político y que el Estado colombiano fue quien lo hizo. Fueron las Fuerzas Militares las que se llevaron a Pedro y a ellos les estamos exigiendo que nos digan dónde lo dejaron. El Estado colombiano no ha hecho la suficiente investigación, hemos pedido que haga detenciones o una investigación seria, no lo ha hecho. La Comisión Interamericana aceptó el caso y está en investigación buscando justicia y que se acabe tanta impunidad. Yo lo único que quiero es que me digan la verdad, quién dio la orden y que nos digan por qué lo desaparecieron.
Foto: Álvaro Tavera.
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César Carrillo: Yo fui sindicalista de la Unión Sindical Obrera y me tocó salir al exilio, amenazaron a mi familia, estuve encarcelado por ser sindicalista y mi abogado, Eduardo Umaña Mendoza, fue asesinado hace 19 años. Nos acusaron de ser aliados de la guerrilla, de ser terroristas y posteriormente ese caso quedó anulado por falta de pruebas. Eduardo Umaña Mendoza era un eminente abogado, tal vez de los más importantes que han habido en la historia de los derechos humanos en Colombia, y tenía nuestra defensa. Siempre defendió al sindicalista y fue asesinado en su oficina cuando no cedió a la presión para abandonar nuestro caso y de otros casos importantes. El caso de Eduardo está en la más completa impunidad, fue desviado siempre. Las investigaciones quedaron siempre en cero porque nunca se llevó una verdadera investigación, como con muchos otros defensores de los derechos, para que quedaran en la impunidad. Yo le diría al Presidente que no se deje chantajear por el uribismo y que los acuerdos suscritos en La Habana se deben respetar, porque es lo que más le conviene, en estos momentos, al pueblo colombiano. Lo que queremos es verdad, justicia y reparación, y que estamos de acuerdo con la paz sin crímenes de Estado.
Foto: Álvaro Tavera.
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José Hernández: Nosotros somos del Vichada, llegamos el sábado y le estamos pidiendo al Estado que respeten las decisiones de los pueblos indígenas dentro del acuerdo que se ha firmado y que no se ha respetado para los pueblos indígenas hasta ahora. Ha sido muy apresurado y no nos han tenido en cuenta para este proceso. Esperamos que las voces de todo un pueblo se escuchen y se tengan en cuenta.
Foto: Álvaro Tavera.
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José Neider Malo: Venimos del Cesar. Lo último que perdemos los pueblos indígenas son las esperanzas y sabemos que unidos lo podemos conseguir. Actualmente hemos venido en un proceso para defender los derechos de los pueblos indígenas y a pesar de que fuimos víctimas del conflicto armado, somos conscientes del arrepentimiento y lo que los grupos armados han venido haciendo, los estamos aceptando y recibiendo porque somos conscientes que a partir de ahí podemos conseguir la paz. En nuestro territorio estuvieron varios grupos armados: las FARC, los paramilitares y fuimos golpeados no solo por asesinatos, también con las violaciones a muchas de nuestras mujeres.
Foto: Álvaro Tavera.
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Mi nombre es Héctor Henry Lorenzana, pertenezco al clan nativo Caita Muisca de Suba, y estamos apoyando el proceso de paz y pidiéndole al Estado colombiano que tiene que dar visión de la posición de los pueblos nativos de esta nación. Somos los que estábamos aquí antes que llegaran los que vinieron de allá. Sentimos que se necesitan más diálogos, se necesitan otras visiones de construcción de país, conocer que este país es multidiverso, pluricultural, multiétnico y nosotros, todavía, no nos sentimos suficientemente representados por el Estado.
Foto: Álvaro Tavera.
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Mi nombre es Mercedes Ruíz Higuera y vengo en representación de mi cuñado Hernando Ospina Rincón, desaparecido el 11 de septiembre de 1982 y seguimos exigiendo que se respeten los acuerdos de La Habana para que se abran los espacios para que, nosotras las víctimas, podamos cerrar un ciclo y saber qué pasó con nuestros familiares. Hernando estaba en su taller de latonería y pintura cuando llegan cuatro individuos vestidos de civil, dizque para una investigación, preguntaron por el dueño del taller, mi cuñado salió, dijo que era el dueño, se lo llevaron caminando hacia la calle 68, lo metieron al carro, que después de las investigaciones se determinó que era de explosivos del F2. Desde entonces no sabemos cuál fue la suerte de Hernando y a pesar de que salieron 22 miembros de la policía como responsables de esas 14 desapariciones, fueron 14 personas junto a Hernando.
Sentimos incertidumbre, lo lógico era que, si fue la autoridad, lo íbamos a encontrar en una cárcel. Pero el desconcierto porque ningún organismo de seguridad del Estado, ni el F2, ni el DAS, ni en la Brigada, ni en Medicina Legal nos daban respuesta. Fue toda una odisea para que nos aceptaran la denuncia por desaparición ya que en 1982 el fenómeno de la desaparición forzada no era tan conocido.
La justicia nunca ha preguntado qué pasó con ellos. A raíz de la lucha que hemos hecho como familiares se logró constituir la comisión de búsqueda y el año pasado nos llaman y nos dicen que nos tenían una sorpresa... ¡Cómo después de haber una resolución de condena al Estado colombiano, por estas 14 personas, la Fiscalía dice que nos tiene una sorpresa: que hasta ahora van a digitar los procesos! Eso nos indignó muchísimo. La comisión le hace el juego a la impunidad.
Como víctima de crímenes de lesa humanidad yo apoyo el esfuerzo que ha hecho el presidente Santos, valoro su esfuerzo y que haya pactado un acuerdo, que si bien no es lo último que este pueblo quiere, pero da la posibilidad de que haya una interlocución entre los responsables, ya sea por acción o por omisión por cuenta del Estado, y los familiares, para hacer un cierre de duelo.
Foto: Álvaro Tavera.