Ley de pago a plazos justos: ¿en qué consiste y qué beneficios trae?

Cientos de emprendedores y miles de micro, pequeñas y medianas empresas se verán beneficiados con la implementación de la Ley 2024 de 2020 o Ley de Pago a Plazo Justos, reglamentada hace unos días por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit) mediante el Decreto 1733 de 2020.

¿En qué consiste?

La ley establece que, desde el 1.º de enero de 2021, las empresas deberán cumplir con un plazo máximo de 60 días para el pago de sus facturas, y de 45 días a partir de 2022. Se debe tener en cuenta que son días calendario y empiezan a correr desde la prestación del servicio o la entrega del producto a satisfacción.

La norma contempla que no se permitirán acuerdos de pago con plazos diferentes a los establecidos. Y, además, quienes realicen los pagos en un tiempo menor o igual a 30 días, recibirán un reconocimiento con un sello de buenas prácticas por parte del Mincit.

¿Para quién aplica esta ley?

Esta ley aplica para todos los pagos en dinero causados como contraprestación en las diferentes operaciones mercantiles que hayan sido ejercidos por comerciantes o por personas que, sin ser consideradas comerciantes, realicen este tipo de operaciones.

La reglamentación también cobija a los contratos con entidades estatales y a las operaciones con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, estas últimas tendrán un plazo de tres años para empezar a aplicarla, a un plazo de 60 días.

Están excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 2024 los contratos entre grandes empresas.

¿Qué sanciones pueden tener las empresas que no la cumplan?

Si a partir del día 61 durante el 2021, y desde el día 46 en 2022, la empresa no ha pagado sus facturas, la ley contempla dos mecanismos sancionatorios.

En primer lugar, las mipymes contarán con la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Sociedades, quienes serán las encargadas de vigilar el cumplimiento de la ley e imponer las sanciones correspondientes a las empresas que no la acaten.

En segundo lugar, también podrán acudir a un juzgado e interponer una denuncia ejecutiva. En ese caso, será el juez quien determinará si la empresa en cuestión incumplió con la obligación; de ser así, la empresa deberá responder con el pago de los intereses moratorios y con los costos de la denuncia. Asimismo, la empresa puede ser sancionada en el ámbito judicial o administrativo.

¿Qué beneficios a corto y largo plazo tendrá esta ley?

Mauricio Toro, representante a la Cámara

Para Mauricio Toro, representante a la Cámara del partido Alianza Verde y autor del proyecto, lo más importante es el flujo de caja para las MiPymes. “El 96,4% de las empresas en Colombia son micro, pequeñas y medianas, estas generan casi el 92% del empleo formal”, afirma Toro.

“Hoy estas empresas van a tener flujo de caja para seguirlo creando, van a poder crear recursos para seguir trabajando, pagando salarios y servicios y no se van a ver abocadas a tener que pedir prestado a un banco a unas tasas elevadas”, agrega.

Según el estudio de Confecámaras ‘Nuevos hallazgos de la supervivencia y crecimiento de las empresas en Colombia’, mencionado por Toro, 7 de cada 10 empresas que se crean en el país mueren antes de los primeros tres años y, de esas 7, más del 50% aduce que se debe a problemas de flujo de caja.

Con esta ley, “vamos a acelerar ese crecimiento empresarial y así vamos a tener muchas empresas más grandes, más saludables y competitivas”, dice Toro. Con un buen flujo de capital, las MiPymes estarán en la capacidad de “garantizar más innovación, productos mucho mejor construidos y precios mucho más económicos”, concluye.

Al tercer año de operación, es decir a partir de 2024, esta ley tendrá un análisis profundo del impacto positivo o negativo que pueda tener en las dinámicas comerciales con las MiPymes para seguir tomando decisiones al respecto.