Ya no es un secreto que las objeciones del presidente a la ley estatutaria de la JEP le desbarataron la gobernabilidad. Sin embargo, quienes las defienden aún guardaban la esperanza de que algunos congresistas de La U y de Cambio Radical pudieran montarse al bus para salvar la iniciativa. Esa posibilidad se fue cerrando cuando Cambio Radical anunció que en su partido se había impuesto la voluntad de Vargas Lleras sobre la de los Char. Le quedaba entonces al Gobierno la esperanza de La U. No obstante, en las últimas horas se supo que esa puerta también acaba de cerrarse. Los parlamentarios de esa colectividad acaban de salir de una reunión en la que el partido definió finalmente cuál será su posición sobre las objeciones. El resultado no puede ser peor para el Gobierno. En las toldas de La U la cosa quedó así: 26 votos para hundir las objeciones, 2 votos para aprobarlas. Puede leer: La U aumenta la presión para que Duque sancione la ley de la JEP Así las cosas, y por ley de bancadas, todos los congresistas del Partido de la U estarán obligados a respetar la voluntad de las mayorías y deberán votar para hundir las objeciones estén o no de acuerdo. En plata blanca, lo que eso significa es que el Gobierno solo contará con los votos del Centro Democrático, los cristianos y los conservadores. Por donde se le mire, las cuentas no alcanzan. Si todo sale como hasta ahora se espera, Iván Duque deberá asumir una derrota política contundente de la que muchos sectores, incluso afectos al Gobierno, le advirtieron con anterioridad. La decisión de objetar no solamente deja al presidente con una gobernabilidad resquebrajada, sino que lo puso en un escenario de confrontación con la rama judicial con consecuencias que aunque no han llegado, seguramente llegarán. Lo que resulta paradójico de todo esto es que el jefe de Estado se puso en una especie de sinsalida político por abanderar una causa que, para muchos, nació muerta. Quedará ahora en manos del presidente redoblar esfuerzos para recuperar la gobernabilidad, superar este impase en la opinión, y reconstruir la confianza y la colaboración entre el Ejecutivo y la rama judicial.