En cuarto y último debate, este martes la plenaria del Senado aprobó de manera unánime el proyecto que prorroga por diez años la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, cuya vigencia actual es hasta el 2021. Ramón Rodríguez, director general de la Unidad de Víctimas, aseguró que al aprobarse este proyecto se fortalecerán los derechos adquiridos por las víctimas y podrán avanzar en la reparación integral de los nueve millones de colombianos que hoy están en el Registro Único de Víctimas (RUV). ¿Qué es la ley 1448? La Ley 1448 de 2011 creó en Colombia un sistema para proteger, asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas del conflicto. Esto implicaba no sólo una indemnización monetaria o la restitución de unos bienes, sino la inclusión de medidas de satisfacción, rehabilitación, indemnización, restitución (de tierras, vivienda, fuentes de ingreso, acceso a crédito, educación, salud) y garantías de no repetición. La Ley no sólo ampara a quienes sufrieron desplazamiento forzado, despojo o abandono forzado de tierras, sino también homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzada, reclutamiento de menores, minas antipersona y delitos contra la libertad sexual. Tiene un enfoque diferencial, por lo que reconoce que las personas por su edad, género, grupo étnico, o situación de discapacidad, pudieron haber sentido en mayor medida los efectos del conflicto, asegurando un tratamiento especial en materia de atención, asistencia y reparación. La Unidad de Restitución de Tierras y el Centro Nacional de Memoria Histórica son las otras dos entidades que hacen parte de la Ley 1448 y contribuyen también a la reparación y la atención integral a las víctimas del conflicto. Te puede interesar: Escolástica: la primera mujer restituida El balance después de 9 años El RUV reconoce 9 millones de víctimas del conflicto armado, casi el 20 por ciento de la población total del país. De estos, 7’277.408 son sujetos de atención y/o reparación. Hasta el momento, apenas 1'100.000 víctimas han sido indemnizadas: el 89 por ciento por desplazamiento forzado, 12 por ciento víctimas de homicidio, 5 por ciento víctimas de amenazas y 2 por ciento víctimas de desaparición forzada. Según cálculos de la Procuraduría, de seguir con este mismo ritmo, y si no se registraran nuevas víctimas, el Estado terminaría de indemnizar a todas las víctimas identificadas en unos 55 a 70 años. Según datos de la Unidad de Víctimas, hoy existen 634 sujetos de reparación colectiva en todo el país. De estos, 506 avanzan en la ruta de construcción de sus planes, 128 están en etapa de implementación y 6 han sido cerrados. Según el reporte de la Unidad de Restitución de Tierras, en estos nueve años de la Ley de Víctimas se han devuelto 380.455 hectáreas de tierra, beneficiando a 70.277 colombianos que hacen parte de comunidades campesinas y étnicas fueron víctimas de despojo y desplazamiento forzado. Esto es tan solo el 9 por ciento de las solicitudes de restitución presentadas por las víctimas. Algunas instituciones aseguran que, aunque estas sentencias ordenan acceso a vivienda y proyectos productivos, pocas han sido obedecidas por las autoridades responsables. Por su parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica reporta que durante la vigencia de la Ley, se han acopiado, sistematizado y analizado 13.909 testimonios, a 2019 y 16.832 personas certificadas, a abril de 2020. El director general de la Unidad para las Víctimas aseguró que este año cerrarán con el presupuesto más grande de la historia: un billón de pesos para las indemnizaciones. Proyectan para el año siguiente usar el mismo presupuesto y avanzar en 127 mil indemnizaciones. ¿Para qué 10 años más? Uno de los principales argumentos es proporcionarle “tranquilidad a las víctimas -aseguró Rodríguez- porque se ha avanzado en la ley 1448 pero hay componentes que hay que robustecer mucho más y hay que hacer un avance significativo principalmente en lo que tiene que ver con la indemnización individual, colectiva y fortalecer los procesos de retorno y reubicaciones". A nueve años de la ley hay muchas metas de reparación y restitución que faltan por cumplirse. Se siguen presentando situaciones de orden público que han generado víctimas en diferentes departamentos, principalmente en Nariño. La propuesta de la Unidad de Víctimas es seguir trabajando ese registro con todas las acotaciones: si nuevas víctimas quieren hacer parte del proceso, los hechos no deben superar más de un año, y si lo superan, deben demostrar la razón por la que no se realizó la declaración en su momento. “Esperamos hacer ajustes. La ley no es solamente en los temas de atención a víctimas sino también restitución de tierras. Anoche, en el último debate, volvió a sonar el tema de los segundos ocupantes, frente a eso se está tramitando un proyecto de ley que permita hacer claridad frente al tema”, explicó el director. El principal reto en esta ‘nueva etapa’ es la articulación interinstitucional entre todas las entidades que hacen parte del sistema, incluyendo los fallos de la JEP y el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Otro de los desafíos es la consecución de recursos económicos para pagar las indemnizaciones y procesos de reparación colectiva. La apuesta es a monetizar los bienes que se han entregado por la Ley de Justicia y Paz, recibir los recursos de los victimarios y hacer un esfuerzo presupuestal al interior de la entidad con los municipios PDET. Asimismo, la Unidad trabaja de la mano con el Departamento de Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda para garantizar el Conpes que financie los diez años de ampliación de la Ley. Avanzar en los procesos de reparación es clave. Más allá de la carta de indemnización por 14 o 15 millones de pesos, el reto es mejorar en los beneficios en salud, educación, vivienda, sistemas de generación de ingresos y la misma restitución de tierras. “Siempre tenemos que enfocar todos los procesos hacia la inclusión social. Cuando se suman los valores de todo lo que se ha atendido a las víctimas hay más de 90 billones de pesos, desde lo que se ha invertido en salud, vivienda, generación de ingresos, educación superior”, aseguró Rodríguez.