Un nuevo y preocupante elemento se suma a los confusos hechos que ocurren desde el pasado viernes en una zona del resguardo Kogui Malayo Arhuaco, conocida como Don Diego, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el lugar, más de 1.000 personas vienen demarcando pequeñas parcelas y tumbando la vegetación nativa en este territorio, considerado como ancestral por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Desde la noche del lunes circula en la zona un panfleto firmado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidos antes como Los Pachencas, en que el grupo armado ilegal hace un “llamado pacífico a la comunidad y población civil que se encuentran invadiendo un terreno en la zona de Don Diego, pedirles que lo abandonen en un plazo máximo de 48 horas o nos veremos obligados a intervenir militarmente”.

En el comunicado, el grupo ilegal señala que su organización no apoya ni autoriza la entrada ilegal, la expropiación o la invasión en la propiedad privada. “A nuestra población civil manifestarles que nuestro compromiso con ustedes es total, pero no podemos permitir desórdenes y manifestaciones públicas donde quieren salir beneficiados unos cuantos; a estas pocas personas aclararles que están plenamente identificados”, se puede leer el texto. Y en la parte final del panfleto, las ACSN responsabilizan a la administración local y su abandono de los problemas sociales que se vienen registrando en las poblaciones sobre la Troncal del Caribe. “La excusa es que nuestra organización genera una presencia contundente en este territorio, cuando nosotros somos el resultado del vacío que actualmente se viene dando”. La historia La CNTI denunció durante el fin de semana que, usando cintas para demarcar los terrenos y cortando de manera indiscriminada la vegetación nativa, más de 1.000 personas habían iniciado la invasión del terreno.   Ni la intervención de las autoridades locales ni de la Policía lograron controlar la invasión y la situación estuvo a punto de terminar en alteración del orden público. Los líderes indígenas señalan que este proceso arbitrario de parcelación, tala y apropiación ilegal del territorio evidencia la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentran y ha generado afectación directa al equilibrio ambiental de la zona. Según la CNTI, los colonos han manifestado que llevan a cabo la invasión porque “el Estado no los ha reubicado ni dado tierras”. A pesar de que la Policía Metropolitana de Santa Marta y la Personería hicieron presencia en el lugar, durante el fin de semana las actividades fueron reanudadas. “Son personas provenientes de las zonas aledañas de Guachaca, Palomino, Marquetalia, Puerto Nuevo e incluso desde Venezuela. Sin embargo, no hubo acuerdo y la Fuerza Pública manifestó no poder hacer nada porque “hay intereses de otros grupos más grandes’’, señaló la organización.

Imagen de la situación registrada durante el fin de semana pasado en el zona de la invasión. La zona, ubicada en un predio antes conocido como Don Diego, esconde múltiples historias de luchas sociales, violencia, amenazas y muertes, que relacionan a excomandantes paramilitares, organizaciones indígenas, líderes sociales y poderosas familias del Magdalena. El capítulo reciente de lo que se vive actualmente en la zona empieza en octubre 1980 con la constitución legal del resguardo Kogui Malayo Arhuaco como una una institución pública de carácter especial que forma parte de la estructura actual político-administrativa del Estado colombiano. Luego vino la posesión por parte del paramilitarismo y los narcotráficantess, y en los últimos años pasó a las manos de la Sociedad de Activos Especiales, que lo cedió en 2012 a Parques Naturales Nacionales “Por eso las acciones de los últimos días representan una pérdida significativa para las comunidades que desde hace más de ocho años han trabajado por la recuperación del mismo. Estos fenómenos son facilitados y promovidos por la falta de formalización y la inseguridad jurídica que sufren los territorios indígenas debido a la negligencia estatal”, indica en denuncia de la CNTI.

Este domingo, el líder arhuaco Danilo Villafañe dijo, a través de redes sociales, que la situación en La Lengüeta, que da salida al mar, se complicaba por la llegada de más personas a invadir y que después de cuatro días de haber denunciado el hecho no había ninguna acción que ayudara a prevenir la destrucción ambiental que están cometiendo. La zona ancestral, además de ser un importante territorio de conservación ambiental, constituye una ruta de salida al mar y están ubicados sitios sagrados para los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Por lo que, según un líder consultado por SEMANA, en el fondo hay una disputa por quedarse con una tierra privilegiada y cuyo metro cuadrado ha aumentado significativamente su valor con el auge del turismo en la zona. "Ahí tienen intereses mucha gente, desde excomandantes paramilitares, pasando por familias tradicionales del Magdalena que antes fueros despojadas y grupos indígenas, hasta dirigentes políticos. Un pequeño lote ya se puede vender hasta por 300 millones de pesos".

Zona de la invasión en el sector de Don Diego, en el corregimiento de Guachaca. Fuente: CNTI. Mesas de trabajo En un anuncio conjunto sobre el tema, la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, y el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, señalaron que convocarán a diferentes instituciones y entidades nacionales e internacionales para la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) con miras en buscar soluciones a la situación de orden público que se registra en el corregimiento de Guachaca, sector ‘La Lengüeta’. Los mandatarios locales indicaron que, aunque el lugar está bajo la jurisdicción del Parque Nacional Sierra Nevada, desde este martes inicia la instalación de mesas de trabajo. “Hemos pedido expresamente que participe el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, toda vez que se requiere garantizar los derechos de los menores que están en el predio, así como la participación de Migración Colombia, dada la presencia de ciudadanos venezolanos. También que se desarrolle un censo poblacional, dado que la mayoría de personas que hacen presencia son provenientes de La Guajira. La idea es avanzar a una solución concertada, reclamando la participación de los ministerios, Parques Nacionales y la SAE, quienes tienen la competencia para resolver de fondo esta situación”.