En la sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes de este martes se discutió un proyecto que busca regular el cannabis de uso adulto en el país. El debate genera polémica porque busca modificar un artículo de la Constitución Política que le abriría la puerta al consumo de productos derivados de esta sustancia en determinados escenarios.
En esencia, lo que busca modificar este proyecto de acto legislativo es el artículo 49 de la Constitución, que habla de la atención en salud como servicio público a cargo del Estado. Con su aprobación se adicionaría un párrafo con relación a uno que prohíbe el porte y consumo de estupefacientes para que exceptúe de esta reglamentación al cannabis y sus derivados, siempre y cuando sean consumidos en espacios dispuestos por la ley o en los sitios o casos en los que se otorguen eventuales licencias.
“La prohibición prevista en el inciso anterior no aplicará frente al cannabis y sus derivados para el uso recreativo por parte de mayores de edad y dentro de los establecimientos que disponga la ley. Tampoco aplicará para la destinación científica de estas sustancias, siempre y cuando se cuente con las licencias otorgadas por la autoridad competente. La Ley podrá restringir y sancionar el porte y consumo del cannabis y sus derivados en espacios públicos y zonas comunes”, dice la modificación.
El acto legislativo necesita de ocho debates para ser aprobado. Así mismo, en el Senado hará trámite un proyecto de ley que busca regular los derivados del cannabis para uso adulto. Esta ley sería complementaria a este acto legislativo y ya cuenta con el apoyo de varios congresistas de diferentes bancadas.
Las posiciones están divididas en el Congreso. El principal argumento de quienes la apoyan es que la guerra contra las drogas como se ha planteado está perdida, por lo que aseguran que regulándola se podría controlar su consumo especialmente en los menores de edad. Además, se plantea que se obtendrían beneficios económicos y se verían beneficiados los campesinos y cultivadores, que son los que más han sufrido su prohibición.
Por otro lado, los más conservadores consideran que, por el contrario, regularla le abriría la puerta a un mayor consumo, generaría adicciones y una ventana para permitir otras sustancias ilícitas. También consideran que esto daría mayor alcance a que los menores de edad puedan llegar acceder a ella. También consideran que la marihuana es sinónimo de violencia, pobreza y otras dificultades sociales que se evidencian en el país.
El representante a la Cámara Germán Navas, del Polo Democrático, defendió la tesis de que aprobando este proyecto no se incentivará el consumo de cannabis, sino que simplemente se dará la permisividad para que las personas que lo deseen puedan hacerlo. Dijo también que el tabaco y el alcohol son sustancias más nocivas que la marihuana que aún no es legal.
En esa misma línea, Ángela María Robledo comentó que el proyecto encarna el espíritu de la Constitución en la que se establecen la libertad y el libre desarrollo de la personalidad como derechos fundamentales, y que por eso debe respetarse la autonomía de cada adulto de decidir su destino como individuo en la sociedad.
Por otro lado, uno de los fuertes opositores del proyecto fue Álvaro Hernán Prada, quien comentó que aprobándolo se incentivará el consumo, especialmente en los menores, y se dará mayor permisividad a otros problemas sociales asociados con el narcotráfico como la delincuencia. Prada considera que la regulación daría paso a que posteriormente se pueda bajar la edad para el consumo o que se dé el paso a la regulación de otras drogas ilícitas.
Gabriel Santos, del Centro Democrático, citó algunos estudios para evidenciar que no es cierto que regulando el consumo de marihuana en uso adulto se abra la puerta para que los menores de edad consuman esta sustancia. Santos apoya que se pueda regular y cuestiona si se quiere continuar con una prohibición que genera un consumo clandestino y con ello diferentes problemáticas, o si se da el paso a una regulación en la que el Estado pueda controlarla.
Harry González, del Partido Liberal, dijo que de no aprobarlo “se cometería un grave error” y puso de ejemplo el caso del cigarrillo, en el que gracias a su regulación ha disminuido el consumo y que actualmente las políticas se enfocan en una campaña de prevención y concientización, y no de prohibición. “Si no se regula, los ciudadanos no van a entender que consumir marihuana es negativo para la salud”, puntualizó.
Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, se enfocó en los beneficios económicos y tributarios que traería una modificación de este tipo. Dijo que con la aprobación del proyecto el país podría tener una inserción en el negocio del cannabis a nivel global.
“Se habla de cómo Colombia es el gran productor de drogas y este ha sido nuestro karma histórico; por supuesto, mucho más ligado al negocio de la coca que de la marihuana, pero recordemos que el primer boom marimbero, incluso antes del cocalero, fue de marihuana; es decir, gran parte de nuestra herencia de cómo somos percibidos en el mundo es esta”, comentó Goebertus.
Erwin Arias, de Cambio Radical, mencionó que se debe diferenciar el cannabis medicinal del de uso adulto y que aprobando una ley de este tipo no es cierto que se vayan a beneficiar los pequeños productores y los campesinos, sino que como ha sucedido con la marihuana medicinal los grandes beneficiados han sido las empresas extranjeras y las grandes multinacionales.
Luego de varias horas de discusión se votó el articulado del proyecto y se dio un empate. La votación quedó 19 a 19 y por eso el presidente de la comisión decidió continuar su discusión mañana en la que se deberá definir si pasa a plenaria para su segundo debate o se hunde.
Algunos representantes, entre ellos Álvaro Hernán Prada, comentaron que con el empate se debía hundir el proyecto, pero desde la Mesa Directiva fueron claros en que en estos casos la votación debe darse de nuevo.
El proyecto despierta polémica por sus implicaciones en un país en el que las drogas y el narcotráfico han causado dolor. Sin embargo, en el debate legislativo se empiezan a dejar de lado las pasiones y cada vez más están más presentes los argumentos científicos para dar la discusión con altura.
Será muy difícil que una ley de este tipo pueda pasar los 8 debates que necesita en un Congreso con mayorías aún muy conservadoras de pensamiento y sabiendo que para los representantes de los colombianos una ley de este tipo tiene altos costos políticos.