Bogotá — Unas 20 personas se concentraron pacíficamente frente a la sede del ministerio del Interior para exigir seguridad tras el asesinato el martes de un activista que reclamaba la restitución de tierras en una región del noroeste del país. "Nunca un chaleco antibalas y carro (blindado) van a salvar nuestra vida, sino las medidas políticas de investigación judiciales y disciplinarias", declaró la directora de la no gubernamental Corporación Reiniciar, Jahel Quiroga. Señaló que esas son las medidas que ofrece el gobierno a los activistas amenazados. Los manifestantes gritaron arengas contra el gobierno y sostenían afiches con fotos del defensor de derechos humanos del activista Rogelio Martínez, de 51 años y asesinado el martes en San Onofre, a unos 593 kilómetros al noroeste de Bogotá. El ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, quien estaba fuera de su despacho en el momento de la protesta no se pronunció de inmediato sobre las quejas de los activistas. La víctima vivía junto a 52 familias desplazadas en la finca de 556 hectáreas llamada "La Alemania", que había logrado adquirir junto al resto de desplazados utilizando un préstamo bancario, pero que paramilitares en los años 90 le disputaban y trataban de expulsarlo desde entonces, informaron la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). Quiroga dijo que la protesta busca que el gobierno garantice el avance de las investigaciones sobre asesinatos como el de Martínez y "nos diga... cuáles son las medidas que van a tomar para que pare ya el asesinato de nuestros compañeros". "Hemos llegado a unos supuestos acuerdos y el gobierno no aplica nada, el gobierno lo que hace es desatender esta situación de amenazas que tenemos... el gobierno no hace nada y encima permite que nos asesinen", afirmó Agustín Jiménez, otro activista presente en el acto. Con el asesinato de Martínez se elevó a 34 el número de líderes desplazados asesinados desde el 2002 y hasta este año, según datos de Codhes. (AP)