Hay preocupación entre los habitantes del departamento del Chocó debido a que siete niños indígenas murieron a causa de una enfermedad respiratoria que está rondando por ese territorio.
Las comunidades de Unión Chocó y San Cristóbal piden con urgencia intervención porque la demás población sigue en riesgo. “En la comuna de Puerto Olave anda un virus que nos está matando a los niños y las niñas. Hay muchos enfermos en la comunidad de Puerto Olave”, dijo un habitante de la comunidad a Noticias Caracol.
Lamentablemente, luego de la muerte de estos menores, al menos 40 comunidades empezaron a desplazarse a Istmina para ser atendidos en los centros de salud. Sin embargo, según constató el medio de comunicación ya mencionado, no ha habido presencia de las entidades de salud, por lo que los líderes de las comunidades están llamando la atención del gobierno para que no se siga vulnerando el derecho esencial a la salud y la vida.
Desde la Defensoría del Pueblo ya se hizo un llamado a la Secretaría de Salud del departamento y la Nueva EPS para que atiendan a estas personas y se eviten más muertes.
“Desde nuestra seccional en Chocó, oficiamos a la Secretaría Departamental de Salud y a la Nueva EPS exigiendo jornadas de salud urgente para las personas en situación de desplazamientos forzado y las receptoras en la subregión del San Juan. Con el fin de atender la patologías, prevenir posibles brotes de epidemia y establecer los riesgos y causas de muerte de los menores de edad reportados por las autoridades indígenas”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, por medio de un video publicado en Twitter.
Entre tanto, la Secretaría de Salud del departamento de Chocó y del municipio de Istmina emitieron un comunicado en el que señalaron que la situación era tan alarmante al punto que estaban atendiendo enfermos en la estación de gasolina del barrio Cubis, debido a la falta de personal y especialistas en el Hospital Eduardo Santos.
¿Hasta cuándo habrá barreras en el acceso a la salud en este departamento?
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DDHH), la Defensoría del Pueblo y ACNUR expresaron su preocupación porque, a pesar de las alertas emitidas con anterioridad, persisten las barreras de acceso a la salud, particularmente para los niños, niñas y adolescentes, población que sigue registrando muertes por enfermedades prevenibles y curables.
La persistencia de esta situación en las comunidades indígenas del Bajo Atrato chocoano evidencia graves deficiencias para brindar prestaciones de agua y salud adaptados a la realidad rural y étnica de esa zona, viéndose así vulnerados los derechos de la población al agua, la salud y a la vida digna.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y ACNUR han evidenciado en diferentes ocasiones que, desde hace varios años, el centro de salud médico Juan Bautista Luna, único con atención de urgencias para los 28.879 habitantes de Riosucio, presenta graves deficiencias en la prestación de los servicios y carece de los instrumentos, medicamentos y medios adecuados para la atención.
Esta situación se agrava porque, según la información documentada, el 41 % de la población, cifra de afiliados a Caprecom en la zona, no es transportada para el acceso ambulatorio a la red de salud. De hecho, en el área donde se han presentado las muertes evitables de niños y niñas, las comunidades deben recorrer hasta 2 días para llegar a Riosucio y, luego, tres horas para llegar al hospital de Turbo; hasta 3 días para acceder a los servicios de salud en Quibdó. Esta parece ser una situación de nunca acabar.