Pese a las anunciadas medidas para proteger la vida de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, la violencia se sigue ensañando contra ellos en el país.
Así lo advirtió este viernes la Defensoría del Pueblo, que entregó preocupantes cifras sobre la acción contra estos sectores “quienes tienen un rol muy importante en la construcción de paz y en el fortalecimiento democrático del país”.
En ese sentido, el titular de ese despacho, Carlos Camargo, indicó que en los primeros nueve meses del año se reportaron 157 homicidios contra líderes y defensores de Derechos Humanos, tras indicar que en ese mismo periodo de 2021 la cifra fue de 109.
“Los sectores más afectados por esta conducta durante estos meses son líderes y lideresas comunales con 51 casos, 32 indígenas, 26 comunitarios, 14 campesinos, entre otros”, dijo el funcionario.
Según el reporte oficial, los departamentos con más casos de homicidios contra estas personas son: Nariño (23), Cauca (19), Putumayo (16), Antioquia (15), Valle del Cauca (10), Arauca (10), Bolívar (8) y Norte de Santander (8).
“Hago un nuevo llamado a los grupos armados ilegales para que respeten la vida e integridad de los líderes y lideresas y personas defensoras de los derechos humanos, ellos cumplen un papel fundamental para garantizar los derechos de las comunidades y fortalecer la democracia en las regiones”, dijo Camargo en el marco de la presentación de los resultados del tercer trimestre 2022 del Observatorio de Derechos Humanos de la entidad.
Finalmente, Carlos Camargo destacó el trabajo de ese mecanismo que “tiene como objetivo transformar la información en una fuente permanente, objetiva y confiable de información sobre los derechos humanos, que sirva de insumo para investigaciones y para la planeación de políticas públicas”.
Mesa para discutir situación de seguridad de líderes sociales de Catatumbo
Ante la situación que enfrentan los líderes sociales de la región del Catatumbo, Norte de Santander, la procuradora general de la nación, Margarita Cabello, se realizó un encuentro en el que se analizaron las acciones para proteger su vida y garantizar el ejercicio de sus actividades.
En el evento, llamado “Promoción de los derechos de líderes y lideresas sociales, capítulo Catatumbo”, estuvieron representantes del Gobierno nacional, departamental, fuerza pública, organizaciones de cooperación internacional, líderes y lideresas sociales y autoridades de los 10 municipios que conforman la región del Catatumbo.
Durante el encuentro se abordaron tres ejes temáticos relacionados con la prevención, protección y garantías de no repetición.
En relación con el tema de la prevención, jóvenes y representantes de la comunidad LGBTIQ+ denunciaron señalamientos discriminatorios por parte de las autoridades y la comunidad, que aseguran los ponen en riesgo debido a la situación de seguridad en los municipios de esa región donde hacen presencia varios grupos armados ilegales.
En materia de protección, advirtieron que solo por el hecho de ser líderes sociales los convierte en un riesgo y que así queda evidenciado con las cifras de asesinatos y desapariciones que han sufrido miembros de diferentes colectivos.
Debido a ello, solicitaron que se mejore la ruta de atención para preservar sus vidas a través de medidas que garanticen su protección.
Por su parte, la jefe del Ministerio Público reconoció que los riesgos contra estas comunidades aumentan, como ha quedado registrado en el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) en más de 19 oportunidades.
“Entre los principales se encuentran los confinamientos, las extorsiones, las amenazas, los constreñimientos y las estigmatizaciones provenientes de todos los actores del conflicto. En general, encontramos grandes limitaciones para que la población en riesgo tenga acceso a rutas de protección”, señaló.
Cabello señaló que ese organismo participa en estos escenarios en aras de exigir la protección de los líderes y que las autoridades competentes orienten su gestión hacia la superación de las amenazas.
Finalmente, señaló que la Procuraduría verificará rigurosamente el cumplimiento de las rutas de atención establecidas por la ley, so pena de iniciar acciones disciplinarias contra aquellos funcionarios que las desconozcan.