Al cumplirse 20 años de la masacre en Bojayá, Chocó, en la que fueron asesinados 79 civiles, la Defensoría del Pueblo advirtió que esa región atraviesa por una grave crisis humanitaria por la presencia de grupos armados ilegales.
En ese sentido, el titular de ese despacho, Carlos Camargo, dijo que en los últimos años la entidad ha emitido varias alertas tempranas debido a las condiciones que se presentan en la zona por la acción de esas organizaciones que persisten en sus amenazas contra la población.
“La Defensoría del Pueblo reitera su preocupación por la difícil situación humanitaria que enfrenta la población del municipio de Bojayá (Chocó), que hoy cumple 20 años de la tragedia en la que murieron 79 personas por el enfrentamiento entre las desaparecidas Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”, aseguró.
Según señaló, aún se mantiene el riesgo de vulneraciones de los derechos humanos de las comunidades negras y pueblos indígenas de ese municipio y la subregión del Medio Atrato con ocasión de los propósitos expansivos por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en zonas dejadas por las Farc en el marco del Acuerdo de Paz.
Indicó que mediante dichos instrumentos de advertencia se hizo énfasis sobre la contaminación con minas antipersonal (MAP) y municiones sin explotar (Muse) en los territorios colectivos tanto afros como indígenas.
En las alertas se hace énfasis en las implicaciones que tiene esa situación debido a las restricciones a la movilidad que implican la limitación de actividades necesarias para la subsistencia de las comunidades étnicas que habitan en los municipios de Bojayá, Medio Atrato y Vigía del Fuerte, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción.
En dichos documentos se indican, además, las vulneraciones de los derechos a la vida, libertad y seguridad personal de las comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas de los municipios mencionados, con el fin de que se adoptaran las medidas de prevención y protección eficaces para salvaguardar la integridad de los pobladores de esta subregión.
Camargo recordó de manera particular que, en agosto del año pasado, se emitió la Alerta Estructural 016-2021 para los municipios de Bojayá, Vigía del Fuerte y Medio Atrato en el cual se daba cuenta del fortalecimiento militar acelerado, la expansión territorial y el afianzamiento en el territorio de las AGC.
Explicó que esa situación mantiene, además, el riesgo de enfrentamientos con interposición de la población civil, así como la posibilidad de reclutamiento e instrumentalización de niños, niñas y adolescentes (NNA), por parte de estas organizaciones armadas ilegales.
Amenazas a reincorporados
Así mismo, el defensor del Pueblo aseguró que en esa región chocoana se presentan amenazas y riesgos en contra de la población reincorporada, señalamientos, estigmatización y amenazas en contra de familiares de personas a las cuales se les sindica de ser colaboradores de los actores armados en disputa.
Situación que se extiende a las autoridades étnico-territoriales y líderes comunitarios, lo cual ha derivado en desplazamientos individuales.
Igualmente, se registran restricciones a la movilidad impuestas por los actores armados que hacen presencia en la región, lo cual implica la limitación de actividades necesarias para la subsistencia de las comunidades étnicas que habitan en el municipio de Bojayá.
Camargo señaló que esta situación ha generado graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, toda vez que la disputa armada gira en torno al interés de los grupos armados ilegales en controlar las rutas de conexión que posibilitan a través de caminos ancestrales la conexión por la parte alta de las cuencas de los ríos Napipí, Opogadó y Bojayá, lo que permite la comunicación con Bajo Atrato, el suroeste antioqueño y el mar Pacífico.
De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, desde 2017 hasta 2022, por acción de los actos violentos de los grupos armados ilegales en Bojayá, se han reportado 16.927 personas víctimas de confinamiento, pertenecientes a 4.136 familias, y también 1.438 personas de 393 familias han sufrido desplazamiento forzado.
“Hoy les reiteramos a los habitantes de Bojayá que la Defensoría del Pueblo los seguirá acompañando a través de nuestro equipo de la Regional Chocó en el territorio y no desmayaremos en nuestro propósito de lograr la garantía de sus derechos”, puntualizó Camargo.