Una nueva jornada de protestas en Bogotá derivó en hechos de violencia, vandalismo y desmanes en la noche del domingo 28 de noviembre en la entrada del barrio Chicalá, en la localidad de Bosa.

Los enfrentamientos iniciaron sobre las 8:00 p. m. luego de que una reunión de manifestantes que se encontraba decidiendo el nombre de su representante a las listas del Congreso se saliera de control, luego de que varios de ellos hubiesen decidido bloquear la avenida Ciudad de Cali.

Ante la negativa de los manifestantes de retirarse de la zona, la Policía y el Esmad hicieron presencia en el lugar para tratar de disipar a los protestantes, pero fueron recibidos con piedras, pólvora y machetes.

Los enfrentamientos se extendieron hasta las 12:10 a. m. y los policías lograron la captura de dos de los protestantes.

En el momento en que se estaba dando al captura de los dos sujetos, según informó la emisora Blu Radio, otra persona que se encontraba cerca del lugar agredió a uno de los uniformados con un machete, dejándolo gravemente herido.

El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá, aseguró que están atentado contra la vida de los policías y que las personas que lo hicieron serán judicializados por sus actos delincuenciales.

Por otra parte, sobre las 9:40 p. m., TransMilenio informó que debieron cerrar el Portal Américas y la estación de Patio Bonito por manifestaciones en la zona, igualmente el servicio de alimentación fue suspendido.

Preocupación en Cali por minga indígena

Las huellas del estallido social producto del paro del 28 de abril en Cali aún son visibles. Y no solo por los locales comerciales vandalizados, que hoy solo son fachadas de escombros –así como las estaciones del Masivo Integrado de Occidente (MIO) quemadas y destruidas–, sino por la agitación comunitaria que actualmente hace de la capital del Valle una ciudad polarizada. Una urbe repleta de miedos, divisiones y zozobra. Las secuelas de las feroces manifestaciones del primer semestre del año todavía son palpables en algunos sectores.

Prueba de ello es el anuncio de la llegada de la minga del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) el próximo 10 de diciembre a la ciudad para adelantar una protesta contra el Gobierno nacional. Desde el aviso mismo de la movilización, en Cali el rumor corrió como si se tratara de la preparación para una nueva guerra civil.

Durante las protestas y bloqueos que mantuvieron a Cali secuestrada por al menos dos meses, la minga indígena hizo presencia en la ciudad: sirvieron como protectores humanos para impedir el libre tránsito de personas y vehículos al interior de la ciudad, capturaron a supuestos policías infiltrados en las movilizaciones y aplicaron sus leyes en una ciudad donde la autoridad brilló por su ausencia en aquellos días.

Sin embargo, el episodio que rebosó la copa y creó el panorama de división actual fue el enfrentamiento entre la minga y ciudadanos de la Comuna 22, específicamente el barrio Ciudad Jardín.

Indígenas vandalizaron vehículos, entraron a conjuntos residenciales, dañaron viviendas, y algunas personas de ese barrio salieron armadas con ganas de hacer justicia por mano propia. El saldo: ocho comuneros nativos heridos con arma de fuego, daños por doquier y una huella imborrable –aún– de dolor, división y odios.

El paro finalizó, pero los rencores todavía están vivos. Por eso, cuando la minga anunció su regreso a Cali, la zozobra se apoderó de hasta el más optimista. María Fernanda Cabal fue la primera en lanzar pullas: “Pues no se lo vamos a permitir y todos los caleños tienen que salir a protestar porque si él quiere su minga, pues que se la lleve a su casa”.

Y aunque el mensaje parece ser de título personal, sí ha calado en muchas personas, especialmente de la Comuna 22, que no ven con buenos ojos una posible retoma de la ciudad y un nuevo periodo de protestas.