Un nuevo paso dio el Gobierno en el propósito de ratificar el Acuerdo de Escazú: tratado internacional que busca la protección de los líderes medioambientales. Este lunes radicó ante el Congreso de la República, con mensaje de urgencia, el proyecto de ley que busca la aprobación de dicho convenio, firmado ante la Organización de Naciones Unidas en diciembre pasado. La decisión del Ejecutivo es clave en momentos en que el número de ataques contra quienes se dedican a defender el planeta va en aumento. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano, dijo que el Presidente se comprometió a trabajar para blindar al país con un marco normativo que brinde las herramientas suficientes para aplicar la máxima protección al medio ambiente. "Radicamos ante el Congreso este proyecto de Ley que fortalece el rol de la sociedad civil en la política ambiental con miras a hacerla más participativa, representativa y acorde con los intereses de los diferentes grupos sociales. Este acto confirma la voluntad del gobierno de consolidar su liderazgo en materia ambiental, que muestra el compromiso con una gobernanza ambiental proactiva, inclusiva y responsable”, indicó el funcionario. Divulgación de información ambiental El proyecto de ley, que impone obligaciones en cuanto a generación y divulgación de información ambiental, sistemas de información, acceso a la justicia en asuntos ambientales, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales; así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación; incluye las firmas de las carteras ministeriales que se encargarán de su implementación: Interior, Relaciones Exteriores, Justicia y del Derecho, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Cultura, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Le recomendamos: Defensores ambientales: entre la presión y el silencio Algunos de los objetivos que persigue este acuerdo, compuesto por 25 artículos, tienen que ver con garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia, al igual que la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Su origen radica en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992. Luego en junio de 2012, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río + 20) realizada en esta misma ciudad, varios países reafirmaron dicho compromiso. Colombia se adhirió el 17 de abril de 2013. Finalmente, el 4 de marzo de 2018, América Latina y el Caribe adoptaron, en Escazú (Costa Rica), dichoacuerdo regional. El 11 de diciembre del año pasado, el embajador Guillermo Fernández de Soto, representante permanente de Colombia ante Naciones Unidas, suscribió dicho acuerdo regional y ahora se espera la aprobación en el Congreso para que el país pueda ratificarlo. “Esperamos que el Congreso de la República acompañe por unanimidad esta iniciativa con la cual no solo materializamos la voluntad de diversos sectores sociales y de nuestras comunidades, refrendado en el marco de la Mesa de Medio Ambiente de la Gran Conversación Nacional inaugurada el pasado 28 de noviembre de 2019, sino que acogemos un tratado internacional muy importante para América Latina y el Caribe”, recalcó el ministro Lozano. ¿Qué se requiere para ratificar el tratado de Escazú? Para ratificar el acuerdo se requiere que por lo menos 11 de los 33 países de América Latina y el Caribe den este paso. Hasta el momento lo han ratificado nueve estados: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay. Entre tanto, otros 13 lo firmaron y está pendiente su ratificación: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Granada, Guatemala, Haiti, Jamaica, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía. Le sugerimos: Ambientalistas se rebelan contra carta de empresarios que piden flexibilizar trámites ambientales La aprobación por parte del Congreso de este proyecto de Ley es determinante, pues el número de defensores ambientales víctimas de la violencia va en aumento. Según un nuevo estudio elaborado con los datos del Atlas de Justicia Ambiental, una plataforma online que, desde 2012, cartografía los conflictos medioambientales en el mundo, en el 13 por ciento de los casos alguno de los activistas que defienden el medioambiente son asesinados; en un 18 por ciento son víctimas de violencia y en un 20 por ciento, de criminalización. El estudio analiza 2.743 casos, las características de los defensores ambientales involucrados, las estrategias de movilización exitosas y los resultados de conflictos, además de su asociación con movilizaciones indígenas o no indígenas. De acuerdo con la ONG Global Witness, en 2018 fueron asesinados 24 líderes ambientales en Colombia. Esta cifra convirtió al país en el segundo más peligroso para quienes se dedican a proteger el territorio y a luchar por los intereses medioambientales, razón por la cual el llamado es a que el país ratifique este instrumento creado para la protección del medio ambiente, la participación y la justicia ambiental. Se trata del primer acuerdo internacional que reconoce como deber de los estados la protección de defensores de derechos humanos y ambientales en Latinoamérica.