Los delegados de los pueblos indígenas con presencia en la Mesa Permanente de Concertación Indígena (MPC), aclararon que no han solicitado al Gobierno y menos al Congreso que se detenga el trámite legislativo del proyecto de ley 057 de 2020, aprobatorio del Acuerdo de Escazú por falta de consulta previa. El planteamiento lo hicieron como respuesta a una carta enviada por el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, a la ministra del Interior en la que pide que se suspenda el trámite de dicho acto legislativo, "hasta tanto no se surta la consulta previa respectiva, la cual es importante que se realice de manera presencial una vez se termine la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, que permita garantizar a las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras el pleno conocimiento sobre la medida legislativa”. Le recomendamos: Defensores ambientales del Magdalena Medio denuncian amenazas La comunicación del parlamentario dice, además, que esta suspensión es necesaria para que las comunidades “libremente y sin interferencias, puedan valorar conscientemente las ventajas y desventajas que pueden tener las medidas sobre la comunidad y sus miembros e igualmente que puedan ser oídas”. Ante esta misiva, las organizaciones de la Mesa Permanente de Concertación Indígena (ONIC, OPIAC, CIT, AICO y Autoridades Tradicionales indígenas de Colombia Gobierno Mayor), rechazaron de forma categórica "la instrumentalización oportunista del derecho fundamental a la consulta previa por parte del senador Macías y de los miembros de su bancada que han replicado o difundido su desafortunada carta". Derecho a la autodeterminación "La consulta es un derecho fundamental de los pueblos étnicos que está relacionado con nuestro derecho a la autodeterminación. Ni el senador Macías, ni ningún tercero tiene legitimidad ni autorización de hacer solicitudes de mala fe y sin consentimiento ni aprobación de nosotros, las autoridades legítimas y titulares del derecho a la consulta previa. Siempre que hemos considerado que un proyecto, decisión o norma debe ser consultado, lo hemos manifestado de forma explícita. No necesitamos ni hemos pedido al senador Macías ni a ningún tercero manifestarse en nuestro nombre", aseguran.
Los pueblos indígenas siempre han respladado el Acuerdo de Escazú. Para los representantes de los pueblos indígenas, la petición del senador Macías "desnaturaliza y desfigura de forma malintencionada el derecho fundamental a la consulta previa, así como la autoridad y legitimidad de las organizaciones que conforman la MPC". "Como lo ha señalado la Corte Constitucional en múltiples ocasiones, uno de los principios que guían la aplicación del derecho fundamental a la consulta previa es la buena fe. Si tan comprometidos están el Gobierno y su bancada legislativa con la participación ciudadana y la consulta previa, bien les vendría tomarse en serio este principio y abstenerse de vulnerarlo con este tipo de solicitudes", agregan. Le sugerimos: Un 13% de los líderes medioambientales son asesinados por su labor Para las organizaciones que conforman la MPC, el Acuerdo de Escazú tiene disposiciones que no restringen, sino que fortalecen las garantías de participación para los pueblos indígenas. "Consideramos que hay complementariedad entre el contenido del Acuerdo de Escazú y las garantías para la participación indígena que ya están reconocidas en el Convenio 160 de la OIT, la Ley 21 de 1991 y múltiples pronunciamientos de las altas cortes colombianas. En ese sentido, exigimos al Gobierno cumplir con el compromiso que hizo a la ciudadanía después del Paro Nacional de 2019 el cual consistió en promover y lograr la ratificación del Acuerdo de Escazú". Los pueblos indígenas precisan que si en desarrollo y aplicación del Acuerdo de Escazú, una vez se haya retificado, se llegan a expedir disposiciones de orden legislativo o administrativo que generen afectaciones a los derechos de las comunidades étnicas de manera específica y directa, dichas medidas deberán ser consultadas. Por lo tanto, "manifestamos nuestra petición expresa al Gobierno Nacional y al Congreso de la República de que tramiten de forma urgente el Acuerdo de Escazú y expidan su ley aprobatoria antes del próximo 16 de diciembre".