Según una investigación que adelantó la Defensoría del Espacio Público en Bogotá, varias personas estaban ocupando indebidamente el puente vehicular de la Avenida Esperanza con carrera 68, lugar que al parecer alquilaban semanalmente y cobraban $20.000 a los vendedores ambulantes por parquear sus carros allí.
Esta situación, además de generar ocupación ilegal también causaba problemas de salubridad en la zona, pues algunos de estos vehículos contenían alimentos y los dejaban estacionados al lado de residuos sólidos, en condiciones insalubres. En el momento del operativo, fueron encontrados 22 de estos carros de venta ambulante.
Así mismo, se retiraron seis toneladas de residuos sólidos como colchones, maderas, plástico, residuos no aprovechables, orgánicos, entre otros.
Las personas que administraban de manera irregular el lugar, al parecer, también arrendaban el espacio para vivienda, pues se encontraron cortinas que dividían el terreno. En total, ocupaban un espacio de cerca de 1.000 metros cuadrados que ya fue recuperado por el Distrito.
Todo se descubrió gracias a una denuncia ciudadana y la Defensoría del Espacio Público constató la ocupación indebida del espacio público. “Estos operativos hacen parte de las acciones que adelanta la Defensoría de Espacio Público por recuperar los espacios, que a la fecha nos han permitido devolverle a la ciudadanía más de 334 mil metros cuadrados de entornos en la ciudad. Esto significa que hay más y mejor espacio público en Bogotá para que la ciudadanía disfrute y goce de él con responsabilidad”, manifestó Alejandra Rodríguez Cortes, directora de la Defensoría del Espacio Público.
Rodríguez Cortes señaló que el arriendo de este terreno le estaba generando al administrador del negocio un rentan mensual de cinco millones de pesos. La familia que se encontraba en el lugar y cobraba al aparecer es propietaria de una vivienda en Soacha, Cundinamarca, las autoridades están adelantando las investigaciones pertinentes para conocer quiénes están detrás de estos hechos.
El operativo contó con la presencia de la Secretaría de Integración Social que brindó acompañamiento a una familia compuesta por dos adultos y tres menores de edad, que habitaban debajo del puente, quienes decidieron retirarse del lugar voluntariamente, sin aceptar la oferta institucional argumentado que tienen un lugar digno en dónde vivir.
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Cabe recordar que en julio de este año se generó toda una polémica luego de que se conociera un proyecto de decreto de la Alcaldía de Bogotá con el que se buscaba reglamentar la estrategia “Bogotá a Cielo Abierto 2.0″.
Los comerciantes, y particularmente los del sector gastronómico, encendieron las alarmas, pues en el borrador de decreto se estipulaba que los restaurantes que participen en la estrategia tendrían que pagar una retribución al Distrito a partir del tercer mes de uso y que sería de manera progresiva, así que para 2021 tendrían que pagar el 20 % de valor de retribución.
Por medio de un comunicado el Distrito aseguró que en 2021 no realizará cobro por uso del espacio público en Bogotá a Cielo Abierto 2.0.
Según un comunicado expedido por la Defensoría del Espacio Público, la viabilidad de este cobro se estudiará en el mes de diciembre, y se tendrán en cuenta, entre otras cosas, las restricciones por la pandemia y la recuperación económica del sector gastronómico.
Los comerciantes celebraron este acuerdo y al mismo tiempo se comprometieron a respetar unos mínimos urbanísticos en las zonas que actualmente están operando, para así garantizar la libre circulación de peatones, y además anunciaron que retirarán los elementos que obstruyen, en algunos sectores, andenes y vías.