Este 18 de marzo, los fanáticos del Jamming Festival se despertaron con una noticia que, aunque fue un secreto a voces durante los últimos días, nadie creía que se pudiese convertir en una realidad: el evento que tendría lugar en Ibagué se cancela.

Por medio de redes sociales, los organizadores del evento tan solo indicaron que la cancelación de este fin de semana obedece a “motivos de fuerza mayor” y que en las próximas horas entregarán más detalles al respecto.

Además, aseguraron que, contrario a lo que habían dicho algunas personas, el Jamming Festival no se cancela, sino que se “aplaza”, citando “motivos de fuerza mayor”, pero sin dar una razón clara de por qué no se realizará en la fecha acordada desde hace meses.

Al respecto, el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, habló sobre el hecho en el programa Lo sé todo y dijo: “De acuerdo con el comunicado de prensa que sacó el empresario del Jamming Festival cancelando este evento, nos permitimos solicitarle y exigir al empresario que regrese el dinero a cada una de las personas que ya habían pagado sus boletas; pero no solamente eso, sino que habían hecho las reservas en hoteles y restaurantes de la ciudad, y tenían el plan listo para el fin de semana”.

Agregó: “Exigimos a cada uno de los empresarios organizadores del evento que de manera inmediata, seria y responsable se pronuncien y no con ese comunicado que solo genera expectativa y zozobra. Exigimos al empresario que devuelva el dinero y no se presente con estos comunicados irrisorios”.

¿Irresponsabilidad en la información?

No obstante, varios expertos aseguran que, a la espera de una explicación oficial, lo más seguro es que el alcalde de Ibagué tenga razón en cuanto a que el evento se canceló debido a las irregularidades presentes en el listado de artistas anunciado por los organizadores.

Aunque las personas que habían comprado sus boletos sabían que grupos como Black Eyed Peas, Los Cafres, Maldita Vecindad, entre otros, habían anunciado su retiro del Jamming Festival, al parecer la cifra de artistas que no asistirían sería mayor a la informada por los encargados de este evento.

Así lo supuso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que en las últimas horas comunicó que había iniciado un “riguroso seguimiento” del orden interno del Jamming, con el fin de verificar si los rumores eran o no ciertos y de esta forma garantizar que los derechos de los consumidores (en este caso los espectadores) no fueran vulnerados en ningún momento.

De acuerdo con esta entidad, los primeros indicios de la investigación, que tiene como protagonistas a los dirigentes de Buena Vibra Eventos E.U., empresa productora encargada del evento, arrojó que, al parecer, “las condiciones inicialmente informadas sobre el evento, los artistas y el orden de las presentaciones de los mismos habían variado, sin que presuntamente se hubiese informado a los consumidores de manera clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea”.

Asimismo, según la SIC, la empresa no solo habría caído en el error de no anunciar sus problemas, sino que tampoco estaría informando las posibles soluciones con las cuales salir avante frente a esta difícil situación.

Teniendo en cuenta esto, la SIC le ordenó a Buena Vibra Eventos E.U. que era obligatorio informar clara y concisamente a todos los espectadores, no solo la lista real de artistas confirmados para el evento, sino el orden en el que aparecerían, así como el escenario en el que desarrollarían su presentación.

“(Deben enviar) vía correo electrónico, mensaje de texto u otro medio de comunicación directa y personalizada, a cada persona que adquirió boletas para asistir al evento los días afectados con alguna variación de las condiciones inicialmente anunciadas, las alternativas de solución ofrecidas y el procedimiento para acceder a las mismas”, añadió el comunicado de la SIC.

Cabe recordar que estas exigencias se realizaron horas antes de que los organizadores anunciaran la suspensión de este importante evento de música en el país, y que en caso de no haber obedecido a lo ordenado por la SIC habrían tenido que pagar una multa de hasta dos mil millones de pesos.