La superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina, que lideró la redacción del borrador del proyecto de ley que impone sanciones a quienes usen las plataformas tecnológicas y a quienes presten el servicio de transporte individual a través de ellas, dijo que el Gobierno no tiene ningún interés en prohibirlas. En entrevista con Juan Diego Alvira, plantea que las plataformas podrían seguir funcionando, siempre y cuando se acojan a las normas para prestar el servicio.
“Reconocemos que las plataformas son una herramienta tecnológica que (...) conecta a ese usuario, conecta esa necesidad de nuestros usuarios, con alguien que ofrece el servicio. Ha habido un enfoque equivocado cuando dicen que pretendemos suprimir o prohibir las plataformas”, dijo la superintendente, en la entrevista con Juan Diego Alvira, que cuestionó el texto del borrador del proyecto de ley que se ha interpretado como una drástica normatividad para que aplicaciones como Uber dejen de funcionar en Colombia.
Según explicó la superintendente, la idea que tiene el Gobierno es que las plataformas puedan seguir funcionando, pero bajo un marco legal claro, en el que las autoridades puedan aplicar sanciones a quienes no están cumpliendo. “Aquí lo único que se pretendió fue reconocer una realidad. Las plataformas son una realidad, hacen parte de la prestación del servicio”, dijo Ospina, quien advirtió que como cualquier actor que quiere estar en una actividad económica, tiene que estar en un marco legal.
“La Superintendencia no está regulando ni está definiendo quién es legal o ilegal porque, además, no es mi competencia”, dijo la funcionaria, quien agregó que su única función es establecer que quienes están prestando el servicio cumplan con las normas vigentes. “Si es un servicio legal, no tenemos problemas, bienvenidas, ojalá nos ayuden a optimizar el servicio. Si no es un servicio autorizado, pues hay que escalar el debate”.
A pesar de que la superintendente Ospina planteó en la entrevista que el borrador del proyecto de ley no tiene ninguna intención de prohibir el funcionamiento de las plataformas, hubo quienes lo interpretaron de una manera muy diferente. Tal es el caso del presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, quien entró en el debate, rechazando esa posibilidad.
El propio ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en diferentes entrevistas y también en la cuenta de Twitter del Ministerio, aclaró que la intención del Gobierno en ningún momento es acabar con las plataformas como Uber o Didi, entre otras, y anunció que este miércoles -1 de febrero- se reunirá con los representantes de las plataformas tecnológicas para concertar una iniciativa que le convenga a todos.
Lo cierto es que la interpretación del borrador de ese texto de la Superintendencia de Transporte desató bloqueos y protestas por parte de los conductores de las aplicaciones que sí vieron en la iniciativa una posibilidad de que prohíban su actividad, a la cual, según Fedesarrollo se dedican cerca de 100 mil personas en Colombia.
El director ejecutivo de la Alianza de empresas de aplicaciones e innovación de Colombia, José Daniel López, había emitido una alerta a través de sus redes sociales, en el sentido de que el texto sí buscaba acabar con el negocio. De acuerdo con su explicación, en el texto quedan claras sanciones para los carros que presten el servicio, con inmovilizaciones de hasta 3 meses, y sanciones de hasta 10 millones de pesos para quienes usen las aplicaciones.
Sin embargo, el Gobierno plantea que este proyecto todavía está en construcción y que el texto que dio a conocer la Superintendencia de Transporte está sujeto a todo tipo de cambios y “correcciones”. Los taxistas, que vieron en ese texto una mano dura para acabar con su competencia, que consideran desleal, nuevamente se quedaron con la incertidumbre de saber cuál será el camino que tomará el Gobierno para superar este asunto de una vez por todas.