El viernes 1.° de octubre la Sala Especial de Primera Instancia condenó a casi 8 años de prisión, específicamente 95 meses, por parapolítica, al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos. El Alto Tribunal encontró que Ramos sí tuvo vínculos con la AUC y recibió apoyo de grupos armados ilegales para sus campañas.
La noticia levantó los comentarios de todas las orillas políticas que se manifestaron al respecto de la situación. Uno de ellos fue el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que recordó en varios trinos que fue víctima de repetidos ataques por parte de Ramos. Además, señaló que Ramos también habría promovido información falsa sobre Quintero.
“En campaña nos trataron de matar a días de elecciones, luego vinieron amenazas, fake news, ataques a mi familia y una revocatoria mezquina en medio de la pandemia. No sé si todo esto vale la pena. Pero, ¿cómo hacer algo diferente cuando sabes cuál es el camino correcto?”, expresó Quintero.
Los comentarios de Quintero estaban acompañados por una imagen en la que se veía como Ramos atacaba al mandatario y pedía su revocatoria. En los comentarios de Ramos dicen: “Los ciudadanos queremos que se vaya un alcalde inepto y muy cuestionado”; “Quintero ofende a los ciudadanos de Medellín insatisfechos (...) Nos haremos sentir en la revocatoria”.
Quintero también lanzó una pulla en sus redes, en la que no menciona a Ramos, pero da a entender que se refiere al capítulo de la condena, pues además, lo escribió minutos después de conocerse la decisión de la Corte. “Narcotráfico y paramilitarismo hicieron un daño terrible a Medellín y Antioquia. Miles de vidas sometidas al dolor y al destierro, miles apagadas. Con valor y justicia vamos a cerrar esa página y a construir de nuevo la Medellín Futuro.”
Finalmente, en el último comentario que lanzó sobre la situación judicial del exgobernador habla sobre el rechazo hacía él de “una nueva Medellín”. “Condena a Luis Alfredo Ramos por entregar gobierno de Antioquia a grupos paramilitares, habla de una clase política corrupta que se valió de las armas y de una institucionalidad acomodada para perpetuarse en el poder. Una nueva Medellín votó contra ellos. Hay futuro y esperanza.”
La condena de Luis Alfredo Ramos
La decisión de la Corte se basó en que el exgobernador Ramos recibió dinero del asesinado excomandante del bloque Centauros, Miguel Arroyave. Y se menciona una reunión de finales de 2000 en Medellín en el centro comercial Obelisco y en la que habría participado alias ‘Jota’ del bloque Metro.
“Para la Sala, los hechos demostrados sobre el origen y objeto de la reunión, la escogencia del procesado para asistir a la misma, dada su condición de Congresista amigo de las AUC y los señalamientos de integrantes de las autodefensas sobre apoyos previos, así como su cercanía con algunos dirigentes de la organización al margen de la ley, confluyen para estructurar la asociación para delinquir”, advierte la Corte.
Allí se explica que Ramos acudió a esa reunión por voluntad propia “a espaldas del Gobierno nacional, en horas de la noche, en un lugar no autorizado y entre los amigos y allegados de Vicente Castaño”.
La Corte también explica que en este caso no hay (información) sobre “los acuerdos a que llegó el acusado con comandantes de grupos de autodefensas, para recibir apoyo económico y en votos en las campañas que adelantó aspirando al Senado y a la Gobernación de Antioquia, a cambio de promoverlos durante el ejercicio de las funciones una vez elegido, como realmente ocurrió cuando se desempeñó como senador, hechos que tuvieron ejecución entre 2001 y 2007″.
La decisión deja claro que Ramos “contaba con la experiencia y preparación para comprender la ilicitud de su obrar, no obstante lo cual se determinó en la comisión de la conducta punible”.
En el documento se leen varios testimonios de jefes paramilitares que dan cuenta de cómo en la región hacían presencia los bloques Cacique Nutibara, Minero, Metro, Bananeros, Elmer Cárdenas, Central Bolívar y el Frente Cacique Pipintá, entre otros. La Corte Suprema también negó la posibilidad de conceder a Ramos prisión domiciliaria.