En los primeros ocho meses de este año, más de 100.000 personas han cruzado la frontera con Panamá desde Colombia, de acuerdo con cifras entregadas este lunes por la Defensoría del Pueblo, que advirtió sobre una nueva ola de migrantes a través del Tapón del Darién.

El organismo humanitario señaló que entre enero y agosto, 102.067 personas atravesaron el paso fronterizo hacia ese país centroamericano en medio de difíciles condiciones, de las cuales el 76 % fueron hombres y 24 % son mujeres.

El titular de ese despacho, Carlos Camargo, señaló que mientras que en el primer mes del año el reporte fue de 4.415 personas, para el mes de agosto alcanzaba las 31.055 personas.

“En 2021, según datos de las autoridades panameñas, 134.000 personas atravesaron el Tapón del Darién y este año, por la tendencia, se evidencia que se superará el número de migrantes por esa zona del país”, indicó el funcionario.

Aseguró que “esta es una problemática que no ha tenido freno y que requiere del esfuerzo de las entidades estatales nacionales e internacionales para garantizar que los procesos migratorios se hagan de forma segura, ordenada, legal, acompañada y en condiciones de dignidad”.

Tras expresar su preocupación por la situación, Camargo indicó que de acuerdo con el estudio también han cambiado los perfiles migratorios. Expresó que, en 2021, se destacó el flujo migratorio de personas de origen haitiano, mientras que este año el mayor número corresponde a población venezolana.

En ese sentido, reveló que 68.575 migrantes de Venezuela atravesaron la frontera, seguido de ciudadanos de Haití, con 6.359 personas; de Ecuador, 4.088; de Cuba, 3.707, e incluso de Colombia, 1.756 personas.

Igualmente, destacó que también se han reportado pequeños números de personas procedentes de Senegal, India, Bangladesh, Brasil, Angola, Ghana, Nepal, Somalia, República Dominicana, Camerún, Perú, Congo y China.

El defensor del Pueblo, llamó la atención sobre un significativo número de niños, niñas y adolescentes migrantes. Este año las autoridades panameñas, entre enero y agosto, registran 14.571 menores de edad que han ingresado a ese país provenientes de la ruta del Tapón del Darién.

En ese sentido, reveló que En los primeros ocho meses de 2022, han atravesado la frontera con Panamá, 68.575 migrantes de Venezuela, seguido de ciudadanos de Haití con 6.359 personas; de Ecuador, 4.088; de Cuba, 3.707, e incluso de Colombia, 1.756 personas.

“En ese aspecto se hace necesario fortalecer el control migratorio en las fronteras de entrada y salida de personas en tránsito”, indicó.

Añadió que “no existen mecanismo de verificación del parentesco de los niños, niñas y adolescentes migrantes con los adultos acompañantes, lo que los puede exponer a trata de personas, explotación sexual, comercial o laboral y matrimonio servil, entre otras acciones delictivas”.

“El acompañamiento de la Defensoría del Pueblo ha permitido observar el incremento del accionar de las redes de tráfico de migrantes, lo que aumenta los riesgos y vulneraciones de los Derechos Humanos, pues estas bandas trasnacionales se lucran con el tráfico ilícito de migrantes a través de las fronteras”, aseguró.

El funcionario se refirió, así mismo, a las condiciones que deben enfrentar los migrantes durante la travesía que deben hacer a través del Tapón del Darién para llegar a Panamá, como tránsito a Estados Unidos, especialmente.

“En la travesía, los migrantes deben sortear los riesgos propios de la selva, como el asecho de animales salvajes, pasar ríos caudalosos, contraer enfermedades tropicales, agotamiento físico por las largas caminatas y el accionar de bandas de delincuentes”, indicó Camargo.

Agregó que “a esto se suma el riesgo que asumen algunos migrantes de atravesar el golfo de Urabá en embarcaciones ilegales, a altas horas de la madrugada y sin el cumplimiento de los requisitos de seguridad, lo que los expone a naufragios”.

Finalmente, el defensor del Pueblo reiteró el llamado a las autoridades para reforzar su trabajo en la subregión del Urabá-Darién para contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales que tienen presencia en el territorio y evitar que los migrantes sean utilizados para transportar drogas o armas.