Un llamado a las entidades prestadoras de servicios de salud a cumplir con su propósito de garantizar los derechos de los usuarios, hizo este lunes el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien cuestionó que se tenga que recurrir a acciones como la tutela para recibir la atención.
Al dar inicio a las brigadas integrales de promoción y prevención de los derechos a la salud y la seguridad social del 2022 en Florencia, Caquetá, el funcionario dijo que los usuarios tienen derecho a ser atendidos sin verse obligados a acudir a mecanismos judiciales, ya que se trata de un servicio básico por el cual se hacen los aportes previstos por la ley.
“Resulta vergonzoso que para que los ciudadanos accedan a los servicios de salud deban acudir a instancias como la tutela, a interponer diversas acciones judiciales o que deban acudir a la Defensoría del Pueblo para que se les garanticen sus derechos, cuando sabemos que están garantizados por la Constitución y la ley”, dijo.
Agregó que “el año pasado, desde nuestra Delegada de Salud, adelantamos varias de esas jornadas en diferentes regiones del país, gracias a lo cual se logró que el 90 % de las quejas de los ciudadanos fueran resueltas”.
“Sin embargo, lo ideal es que los ciudadanos no tengan que acudir a las acciones de tutela, ni a la intervención directa de la Defensoría del Pueblo para que se garantice el derecho fundamental a la salud”, señaló.
De acuerdo con esa entidad, durante estas jornadas se ha podido comprobar que las principales conductas vulneradoras son la negación o falta de oportunidad en procedimientos, cirugías, exámenes de laboratorio e imágenes diagnósticas (en el 29 % de los casos).
Señaló que también se presentan dificultades por la falta de oportunidad en la asignación de citas con especialistas (24 %), seguido de la negación, falta de oportunidad o entrega parcial de medicamentos incluidos en el plan básico de salud (20 %).
De igual forma, el defensor del Pueblo le pidió a los entes territoriales ejercer las funciones y competencias que les otorga la ley para el debido cumplimiento que se les exige a las IPS y EPS en el nivel local, y diseñar e integrar todos los planes de gobierno municipal con el plan departamental de salud.
El funcionario les recordó a las entidades Administradoras de Planes de Beneficios en Salud la responsabilidad de: asegurar una red prestadora de salud, suficiente y georreferenciada, de acuerdo con el domicilio de sus afiliados y adoptar medidas conducentes para evitar la interrupción de tratamientos y rehabilitación de los pacientes.
Finalmente, señaló que las EPS y las IPS están obligadas a realizar auditoría de calidad y cumplimiento a su red prestadora de salud, entre otros.
Durante la primera brigada de este año, adelantada en Florencia, la Defensoría del Pueblo atendió las quejas de los usuarios de Caquetá, Huila y Putumayo, citando a las EPS de esos departamentos.
De la misma manera, la entidad indicó que a través de la Delegada para la Salud, se capacitaron y formaron 258 personas en mecanismos de protección de los derechos humanos con énfasis en salud y seguridad social y se desarrollaron reuniones de diálogo en colaboración armónica con los personeros, jueces, secretarios de salud y dirigencia sindical del magisterio para coordinar acciones de protección de los derechos.