Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en el periodo comprendido entre 1983 y 2018, fueron asesinados dieciséis periodistas cuyo trabajo estaba relacionado a una actividad cultural —estos hacen parte de los 159 casos que ha registrado la FLIP desde 1977—. El de Mauricio Lezama, documentalista asesinado en Arauca, fue el caso número diecisiete. Como lo explica Pedro Vaca, director de la FLIP, el registro de estos asesinatos incluye a aquellos periodistas “que tuvieran algún tipo de relación o acercamiento con las artes, ya fuera mediante el conocimiento del uso de materiales artísticos (cámaras de video o fotográficas), su participación en áreas creativas de los medios (ya fuera realizando edición o programas de humor), realizando obras artísticas (novelas o documentales) o gestión cultural”. Le puede interesar: La UNESCO condenó el asesinato del cineasta Mauricio Lezama “El asesinato de periodistas constituye el caso más extremo y repudiable de censura. Esto no solo afecta el ámbito particular de la libertad de expresión, sino también el colectivo al restringir que las personas reciban y difundan libremente información de toda índole”. Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa. Respecto a la incapacidad de los entes compententes de investigar y de adelantar el debido proceso judicial, Vaca comenta: “Es importante resaltar que aún siguen existiendo deficiencias en temas de impunidad. La razón surge porque en las investigaciones no se han agotado en los plazos que deben realizarse y tampoco cumplen con estándares internacionales de celeridad, imparcialidad y efectividad frente a las investigaciones sobre delitos que atentan la libertad de expresión”.  Así mismo, la FLIP ha expresado su preocupación sobre el papel del Estado frente a estos casos. Vaca ha identificado contradicciones entre el discurso oficial y las acciones reales que conciernen a la protección de quienes luchan por los derechos humanos: “Desde 2017, el Estado ha avanzado en articular estrategias que permitan avanzar en la investigación y sanción de quienes agreden a la prensa. Muestra de ello es la Directiva 002 de 2017 de la Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual se fijaron parámetros para adelantar la investigación de homicidios en contra de defensores de derechos humanos, destacando que se debe adoptar como primera hipótesis investigativa el móvil de los hechos que guarda relación con la labor que se ejerce como defensor o defensora. Sin embargo, estas directrices se contrastan con acciones que ejercen funcionarios públicos que desconocen y deslegitiman la labor de los defensores y defensoras, al afirmar públicamente que estos crímenes están asociados a ‘líos de faldas‘ o actividades ilegales que ejercían en sus territorios.” "Estas directrices se contrastan con acciones que ejercen funcionarios públicos que desconocen y deslegitiman la labor de los defensores y defensoras, al afirmar públicamente que estos crímenes están asociados a “líos de faldas” o actividades ilegales que ejercían en sus territorios”. El caso del documentalista Mauricio Lezama, asesinado en Arauquita, Arauca, el pasado 9 de mayo, ha puesto de nuevo los ojos sobre los riesgos a los que periodistas y líderes culturales están arrojados. Once días después del crimen, el Festival de Cannes fue testigo de una protesta con carteles y consignas que lideraron Ciro Guerra, Vladimir Durán, Carolina Sanín y otros miembros de la delegación colombiana en el festival después del estreno de la más reciente película del director Franco Lolli. A estas denuncias se ha sumado ARCADIA, dedicando su más reciente editorial al trabajo de Lezama y, por consiguiente, a los esfuerzos y sacrificios de los periodistas, gestores culturales y documentalistas, cuya labor es fundamental para la democracia.

Abajo, ARCADIA comparte una línea de tiempo que detalla cada uno de los, ahora, diecisiete casos contra el periodismo y la cultura que han sido perpetrados en Colombia desde 1983.

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