A principios de julio Arcadia publicó un artículo sobre una obra que La Institución Universitaria de Colombia, del exsenador Carlos Moreno de Caro, estaría llevando a cabo en una de sus sedes, catalogada como patrimonio arquitectónico, sin los permisos necesarios del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. A pesar de la advertencia, y de que el caso ya está en manos de la Secretaría de Cultura, la obra ha avanzado considerablemente y nadie responde por ello.Uno de los vecinos del sector envió una solicitud de control urbano a la Secretaría de Cultura para saber en qué iba el proceso, y la Secretaría le respondió con una carta firmada por la subdirectora de Intervención, Dorys Patricia Noy Palacios. La carta confirma lo que el artículo de Arcadia había problematizado: la obra es ilegal y se está llevando a cabo sin siquiera el trámite de una solicitud de los permisos necesarios para intervenir el tipo de edificios que sirven como sedes de la universidad: “Una vez revisado el expediente de los inmuebles del asunto que reposa en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, se evidencia que a la fecha NO se ha solicitado ante esta entidad autorización alguna para realizar obras de primeros auxilios, cerramiento, reparaciones locativas, ampliación, adecuación funcional, reforzamiento estructural, demolición parcial o total y/o modificación para los inmuebles en cuestión”.El denunciante, sin embargo, dice que la respuesta es casi “literaria”: “Narran detalles de un procedimiento fallido que son poco útiles para el tipo de control que deberían ejercer [las entidades pertinentes]. Dicen que no los dejaron entrar, que se oyen unos ruidos desde afuera, que están rompiendo un andén para sacar adelante la obra”.

La carta dice que el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural realizó dos visitas a la universidad: de la primera el resultado fue la apertura de un expediente en la alcaldía local de Santa Fe, y de la segunda, la apertura de una investigación –de la cual no se dan detalles en la respuesta– en la Secretaría de Cultura. Eso quiere decir que el caso está en dos despachos de dos entidades, y a pesar de ello la obra sigue avanzando. “La respuesta que me dieron me parece un poco evasiva. El juego burocrático permite contestar de esa forma. Allí ellos dan cuenta de que el caso fue remitido a alguna oficina de alguna entidad, como si hasta ahí llegara su responsabilidad. Yo he tratado de hacer las cosas por el conducto regular, pero dentro del espacio formal de hacer notar algo, de poner una queja, uno queda desahuciado. Son muy amables, contestan, pero al responder no dicen nada”.Alberto Escovar, director de Patrimonio, le dijo a Arcadia en julio que el problema está en la falta de articulación entre las entidades y en el hecho de que los procedimientos están sujetos a una burocracia excesiva que ralentiza los procesos. No puede decirse que las entidades no estén haciendo su trabajo, pero la realidad es que la obra sigue avanzando, como sucedió también en 2013, cuando la Alcaldía Local le ordenó a esa misma universidad que suspendiera la ampliación que estaba adelantando en ese momento. Aun así la obra siguió sin ninguna sanción real y sin atender al objetivo principal de la apertura de esas investigaciones: la protección del patrimonio cultural de la ciudad y la aplicación de las sanciones pertinentes. Esta vez parece estar sucediendo lo mismo.Publicamos la carta de la Secretaría de Cultura con la autorización de quien solicitara la información sobre el caso.