El mismo día en que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, salió a calmar las aguas por la renuncia de la junta directiva de EPM, le cayó otro baldado de agua fría que lo mantiene en el ojo del huracán. Este miércoles en la noche, se conoció que, al igual que en Empresas Públicas de Medellín, siete directivos de la corporación Ruta N dimitieron a sus cargos, argumentando choques con el mandatario. En una carta, los exmiembros de la junta anunciaron su retiro, señalando que se vienen presentando "graves hechos", como la intromisión del mandatario local en las decisiones que atañen a ese grupo de expertos.

"Como es sabido, es competencia estatutaria de la junta directiva la designación y remoción del director de la entidad. Sin embargo, de manera inconsulta con este órgano, la Alcaldía de Medellín solicitó su renuncia", reza la misiva. Hasta ese momento, no había problemas mayores. La cuestión llegó cuando Quintero anunció, en una entrevista, que al actual gerente Andrés Vásquez lo reemplazaría el ingeniero Javier Fernández, quien había estado en la baraja de opciones para dirigir la Agencia de Educación Superior de Medellín.

Este anuncio fue la gota que rebosó la copa de Carlos Felipe Londoño, Marcelo Cataldo, Alejandro Piedrahita, Manuel Santiago Mejía, Azucena Restrepo, Juan Luis Aristizábal y Carlos Manuel Uribe. En su conjunto, salieron de la compañía de manera irrevocable. "Tal proceder es una evidente demostración del total desconocimiento e irrespeto al buen gobierno y la institucionalidad que, como miembros de esta junta, no podemos permitir", concluyeron. Ruta N es un centro de innovación y negocios de Medellín, que tiene como fin contribuir a una mejor calidad de vida, a través de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Lo que pase en esta corporación es clave para la capital antioqueña y el país, pues allí está el primer Centro para la cuarta revolución industrial de América Latina, lo cual puso a la entidad bajo los ojos del mundo. La misma situación En este caso, la situación fue calcada a la ocurrida en la alta dirección de EPM. Sus miembros renunciaron a la junta directiva, señalando que Quintero no les consultaba en decisiones de alto calado, como lo fue la instauración de una demanda contra constructores, diseñadores y aseguradores -entre otros- de Hidroituango.  La idea de la Alcaldía de Medellín es que los involucrados en la crisis del megaproyecto paguen por los daños generados, tanto en la construcción como en el lucro cesante (por la crisis del 2018), por lo cual piden una compensación cercana a los 10 billones de pesos. Al margen de esta solicitud, las decisiones poco ortodoxas de Quintero le han costado una tormenta política en menos de dos días, que incluso podría aumentar con el pasar de las horas.

Esto, teniendo en cuenta que este jueves en la tarde, el alcalde anunciará los nuevos miembros de las juntas de EPM y Ruta N. Buena parte del país, sobre todo el empresariado, tendrá entre ceja y ceja dichos nombramientos.

De hecho, la junta directiva de la Seccional Antioquia de la Andi le pidió al mandatario recomponer el gobierno corporativo en ambas entidades, de tal modo que haya tranquilidad por la independencia, idoneidad técnica y ética de sus miembros. "Le proponemos crear una comisión de la confianza con la participación de sectores empresariales, académicos y sociales, con el objetivo de velar por el cumplimiento de lo establecido en este marco de relaciones. Así mismo, recordamos que la responsabilidad del cuidado patrimonial de las entidades públicas incluye la correcta selección de funcionarios y directivos que lo garanticen", indicaron los empresarios. Las decisiones que se tomen en Medellín, de ahora en adelante, estarán más que nunca bajo la lupa de los colombianos.