La propuesta presentada en el debate “El impuesto predial como amenaza a la propiedad privada”, que lideró Ferro, así como la senadora de la comisión Tercera, María del Rosario Guerra de la Espriella, del Centro Democrático, busca frenar los incrementos desmesurados, tanto en la zona urbana como en la rural, y frenar la “asfixia tributaria” que se vive en el país. Explicó Ferro, que con el debate y los proyectos que tramitan en el Congreso, sobre este tema, se busca congelar el impuesto por tres años y fijar topes al incremento anual del Impuesto Predial Unificado –IPU. La senadora María del Rosario anunció, que el martes 23 en la noche, se gestionó un acuerdo con los congresistas de otros partidos que también han presentado iniciativas similares para que se exponga un incremento del IPU del IPC + 8 puntos. Para el representante Ferro Lozano lograr el congelamiento, puede darse por dos vías: una, literalmente que el mismo recibo que llega al propietario del inmueble, este año, sea el mismo valor en los años subsiguientes, y dos, atar ese valor al IPC, al salario mínimo, “así se asegura que no se pierda la capacidad contributiva”. La foto expuesta por el congresista, muestra incrementos desmesurados, en los últimos años, que desencadenan en la pérdida de la capacidad contributiva. “Debe haber un equilibrio mínimo, al romperse ese equilibrio, el principal afectado es el contribuyente. Cada vez es más gravoso tener un inmueble”, enfatizó el representante del Tolima. Y, precisamente, uno de los casos de incremento desmesurado y corrupción, que expuso Ferro, corresponde a Ibagué, donde la administración municipal contrató una actualización catastral que disparó los pagos en este impuesto, entre 300 y 500% De esta manera, en 2018, un ciudadano de Ibagué pasó de pagar $182 mil por concepto del IPU a un millón 192 mil pesos. Y aunque, gracias a la presión de los medios de comunicación se logró parar este incremento, denunció el congresista, la Contraloría no ha realizado las debidas investigaciones. Y si en las cabeceras municipales se dan este tipo de casos, en las zonas rurales la situación es igual o peor, además porque el catastro rural está desactualizado en 70%, lo que “pone en riesgo la propiedad privada en el campo”, agregó Ferro. Predios desactualizados En su intervención la senadora María del Rosario Guerra de la Espriella, señaló que el país tiene 10.7 millones de predios, de los cuales 6 millones son urbanos, y de esos solo están actualizados 1 millón. El gran interrogante de la congresista, es ¿por qué no se ha hecho la actualización de los predios? Según sus cifras, 800 municipios tienen desactualizado los planes de ordenamiento territorial, siendo este elemento parte fundamental para calcular el impuesto. Además se refirió la senadora a que el 65% de los predios rurales son de menos de 3 hectáreas, y el 82% equivalen a menos de 10 hectáreas. Si se le suma el problema de titularización que tiene en este momento el país, gravar el campo, es una gran preocupación, desde el Congreso. “Debe limitarse el crecimiento del valor del impuesto predial. Los aumentos son desmedidos y afectan las finanzas de los colombianos”, subrayó la senadora del Centro Democrático. Luis Hernando Villota Quiñones, subdirector de Fortalecimiento Institucional Territorial de Minhacienda, aclaró que el recaudo, así como la administración del impuesto predial lo hacen los municipios, y la base gravable depende del avalúo y la actualización del catastro. Además, este impuesto sí tiene límites y se hace por rangos. Por lo tanto, dijo el delegado del ministro de Hacienda, las administraciones municipales deben procurar por la sostenibilidad fiscal.