Esta fue una de las modificaciones al proyecto de Ley 130 de 2018, que expuso el representante Franklin del Cristo Lozano de la Ossa, ante la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, quien tras escuchar la propuesta, señaló que el cargo por confiabilidad tiene oportunidades de mejora. “Como Gobierno hemos recogido las preocupaciones de los autores del proyecto de Ley. Hoy reiteramos nuestro compromiso con encontrar una solución definitiva a la crisis generada por Electricaribe”, reiteró. El proyecto de ley venía aplazado, ante las solicitudes de mejorarlo. Inicialmente, recordó Lozano de la Ossa, solo se contemplaba, usar recursos del cargo por confiabilidad para resolver la crisis energética de la Costa Caribe, por ello la modificación. El representante, Alonso del Río, aplaudió la nueva versión de redistribución de recursos por cargo de confiabilidad, manteniendo subsidios, pero sin arriesgar el abastecimiento energético del país. Y, en ese sentido, le pidió a la Ministra que estudiara muy bien los pros y contras de esta propuesta. La gran crítica que hacen los representantes de la comisión Quinta de la Cámara, al igual que la del Senado, es que los recursos que se le cobran a los colombianos para el cargo de confiabilidad,  y que van a parar a las hidroeléctricas y termoeléctricas, para evitar o contrarrestar fenómenos como el del Niño o la Niña, son excesivos y su manejo no es tan claro, tal y como lo reveló un informe de la Contraloría General de la República. Uno, a ojos de los congresistas y de la Contraloría, es excesivo el pago de cerca de $25 en los últimos 11 años a las generadoras, dos, le entregan más recursos a las hidroeléctricas que a las termoeléctricas y no está claro su uso, y tres, la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG- considera que no hay nada anormal, y no está de acuerdo con que se cambie la naturaleza de esta normatividad. Para el representante, Franklin del Cristo Lozano de la Ossa, la actual regulación, está sesgada, porque le da lo mismo a las termoeléctricas que son el respaldo en caso de fenómenos naturales que a las hidroeléctricas. Considera que los recursos son excesivos, y más, cuando no ha habido calamidad, lo que ha llevado a que las generadoras incrementen sus utilidades, pero no se traduzca en aumento de subsidios e inversiones en infraestructura o mejoramiento. Además, denunció el congresista, que de las 21 empresas que han recibido recursos por el cargo, siete no le abrieron las puertas a la Contraloría, amparándose que son un negocio privado, por lo que instó a la Fiscalía para que también entre a investigar. El nuevo articulado de la propuesta, contempla, que la remuneración que se haga por este cargo, sea proporcional a la inversión que realiza cada generadora, y que se le ponga un techo al cargo (Actualmente fluctúa mucho) explicó Lozano de la Ossa. Actualmente, el cargo está en $3 billones 700 mil millones, anuales, la propuesta es que cerca de $ 2 billones se destinen para subsidios  la inversión la determine el Ministerio de Minas.