El exdictador Jorge Rafael Videla fue condenado el jueves a 50 años de prisión por la ejecución de un plan sistemático de apropiación de niños durante la última dictadura militar en Argentina, un delito que no se ha repetido en otros regímenes de facto de América Latina. Este proceso ha sido inédito, ya que por primera vez la justicia consideró que la apropiación ilegal de menores no fue una práctica aislada sino dispuesta desde la cúpula de las Fuerzas Armadas como parte de una estrategia más amplia de represión ilegal contra la subversión en la década de 1970. Organismos de derechos humanos denunciaron la desaparición de 30.000 disidentes durante el régimen de facto —los registros oficiales sólo dan cuenta de 13.000 casos_, entre ellas muchas embarazadas que dieron a luz en cautiverio. En general los bebés eran entregados a militares u allegados, quienes los inscribían con su apellido y una fecha diferente de nacimiento para no dejar rastros. Según Abuelas de Plaza de Mayo, unos 500 niños nacieron en cautiverio o fueron secuestrados con sus padres, de los cuales la organización humanitaria ha restituido la identidad a 106. AP