Lo de la beligerancia de las Farc, que tanta tinta de columnistas ha hecho correr últimamente, no es un tema jurídico, sino un tema político. Por eso sobra al respecto la advertencia de uno de los opinadores, el ex presidente Alfonso López, sobre su ignorancia del derecho penal. Y sobra aún más el reproche de su contradictor Rafael Nieto Loaiza cuando señala que "los argumentos históricos y jurídicos del ex presidente no pueden estar más errados". Pero como en Colombia convertimos en jurídicos todos los temas políticos, y en políticos todos los temas jurídicos, la discusión _vana y estéril_ era previsible. La advertencia que hay que hacer es otra, a todos los que hablan de Derecho Internacional Humanitario y de "usos y costumbres de la guerra". Hay que recordarles que ninguna guerra de la historia ha respetado el derecho (y casi todas se han hecho para negarlo, si lo había); y que los "usos y costumbres" de la guerra han cambiado con cada guerra. Señala Nieto Loaiza que la guerra civil española fue "precisamente un caso muy particular": hay que replicarle que todas y cada una de las guerras de la historia, en todas partes, han sido casos muy particulares. La guerra, antes que una teoría, es una práctica. Por eso los beligerantes (en el sentido práctico, que precede al jurídico), no reconocen más leyes de la guerra que las que sirven para ganarla: las del arte de la guerra; las cuales también, por lo demás, suelen cambiar con cada guerra: no eran las mismas para Temístocles que para Napoleón, ni las de Liddell-Hart le servían de nada al general Giap. Los participantes en una guerra _los beligerantes_ sólo acceden a respetar sus 'leyes' cuando por razones políticas, y no jurídicas, les conviene hacerlo. Dice Clausewitz en su manida frase que "la guerra es la continuación de la política por otros medios": y no que sea la continuación del derecho. También ha sido presentada como tal, sin duda: la guerra santa, la guerra justa, eso que últimamente se atreven cínicamente a llamar la guerra humanitaria. Pero, salvo en "casos muy particulares" (como la 'guerra florida' de los aztecas), la guerra es sencillamente la violación del derecho. Por eso empiezan las guerras: por el robo de los marranos de 'Tirofijo' por parte del Ejército, por ejemplo, hablando de la nuestra. Y con eso se hacen: todas las violaciones de los derechos humanos que cometen tanto el Ejército como la guerrilla. Violaciones que, por lo visto, el Ejército comete cada día menos. Este sí es un punto práctico importante. Porque muestra que la presión política (y no la mera existencia abstracta del derecho) puede obligar a los agentes de la guerra a respetar el derecho. Si eso lo está empezando a hacer el Ejército, no es porque los chafarotes se hayan vuelto juristas. Sino porque sobre él se han ejercido presiones políticas, tanto internas como externas. En Colombia misma, la de defensores de los Derechos Humanos (aunque los asesinen a veces; y con mayor fuerza porque los asesinan), abogados, columnistas de prensa, académicos, un sector de la Iglesia, algunos políticos profesionales, hasta algún ministro de Defensa. Y desde afuera, la de la parte más lúcida del Congreso norteamericano, la Comunidad Europea, organizaciones no gubernamentales como Amnistía o America's Watch, la propia ONU. Y hay resultados. Con la guerrilla sucede lo contrario. Se ha vuelto cada día más despiadada y carente de escrúpulos, y eso se debe, en parte, a que sobre ella ya no se ejercen presiones políticas morigeradoras ni externas ni internas. Ni de Cuba o la URSS, ni de los exterminados Partido Comunista y Unión Patriótica. Y, al revés de lo que ha sucedido en el Ejército, en la guerrilla se ha impuesto la lógica puramente militar sobre la lógica política: mandan los chafarotes. Así que, volviendo al tema específico de la beligerancia de las Farc: lo que importa preguntarse no es si esa beligerancia se ajusta al derecho; sino si el hecho de reconocerla constituiría, o no, una presión política que incitara a las Farc a respetar el derecho. Mi opinión personal es que sí. Las Farc (o algunos de sus dirigentes) están buscando "mejorar su imagen" (también ellas tienen esa pasión colombiana de la imagen). El reconocimiento de su beligerancia forma parte de ese lavado de imagen. Y consideran que eso tiene un valor político que puede compensar la renuncia a las ventajas prácticas que les da actualmente el hecho de estar por fuera de la ley, y en consecuencia eximidas de respetar, o de fingir respetar, cualquier tipo de derecho. Secuestrar, por ejemplo, por rentable que sea, ya no les sería tan fácil si tuvieran que guardar la apariencia de respetabilidad política que impondría el hecho de ser reconocidamente, legítimamente, beligerantes. Y desde el otro lado: ¿es que acaso dejan de ser beligerantes por el hecho de que no se las reconozca como tales? La oposición a ese reconocimiento es sólo la secuela, y el reflejo, de la vieja negativa del establecimiento colombiano a aceptar que en este país haya razones para la protesta, y en consecuencia aún menos para que esa protesta, por haber sido negada y reprimida, haya tenido que convertirse en lucha armada. En guerra. En este tema, y por una vez (no es costumbre), estoy de acuerdo con la opinión del ex presidente López, aunque jurídicamente sea incorrecta: "O estamos en estado de guerra, y a las cosas hay que llamarlas por su nombre, o estamos en plena normalidad y la aplicación de las leyes no es susceptible de ser suspendida". Y en cambio el punto de vista del doctor Nieto Loaiza _"la doctrina y la jurisprudencia internacionales demuestran que para quienes participan en un conflicto armado no internacional es perentoria la obligación de cumplir el Derecho Internacional Humanitario"_ me parece una solemne tontería.