De acuerdo con la denuncia, la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, pudo haber incurrido en un posible detrimento patrimonial por las obras que se hicieron en la calle 13 para adecuar el bicicarril que tanta polémica generó.

Forero consideró que estos hechos son una muestra de la presunta improvisación de la Alcaldía ante las millonarias inversiones en el occidente de Bogotá que ya serán modificadas.

Según la denuncia, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) celebró un contrato con la empresa Manofacturas de Cemento S.A. a través de la modalidad de contratación directa, bajo la causal de urgencia manifiesta.

En el marco del mismo se ejecutaron los recursos públicos correspondientes a un monto de $899.632.847 millones. Además, señala que la ejecución finalizó el pasado 7 de diciembre con la instalación de 2.194 unidades de separadores en el corredor vial de la calle 13.

Pero para el concejal lo grave de todo esto es que después de instalados los separadores, que fueron adaptados para la adecuación y puesta en marcha de esa ciclorruta, se generó un embotellamiento y un incremento de los accidentes de tránsito que llevó a la ciudadanía y a los gremios de transportadores a evidenciar las afectaciones del bicicarril.

A su juicio, esto demuestra que no se hicieron estudios previos y sencillamente se destinaron recursos para hacer la obra.

Forero resalta que el Distrito hace pocos días tuvo que echar para atrás esa obra y retirar la infraestructura del IDU, por lo que nuevamente se gastó una millonaria suma de dinero.

Justamente, la última medida tomada por la Alcaldía, en conjunto con la Gobernación de Cundinamarca, fue retirar el bicicarril y trasladarlo al andén a través de un “plan piloto” que se dio a conocer el pasado 19 de enero de 2020.

El costo de la nueva obra

Frente a este cambio y las incomodidades que generó la ciclorruta, el concejal Forero, a través de un derecho de petición, solicitó información sobre el costo de la nueva obra. Según el cabildante, la respuesta de la entidad fue “que el costo de la nueva obra aún no está estimado”.

Para el concejal, esta respuesta le genera preocupación porque demostraría que la Alcaldía pretende realizar un proyecto de infraestructura vial sin conocer el costo real de la misma.

“No solo evidencia la falta de planeación por parte de la administración distrital, sino que, además, representa un posible detrimento patrimonial de 899.632.847 millones por los separadores que serán desmotados”, apuntó.

Por tal razón, pidió a la Contraloría Distrital de Bogotá que investigue para determinar el presunto detrimento patrimonial y se apliquen sanciones si hay lugar a las mismas.

El bicicarril de la calle 13

El bicicarril de la calle 13 estará sobre el sector llamado La Playa, una zona que fue limpiada y adecuada para la implementación de la cliclorruta.

Según la administración distrital, las obras se iniciaron el 4 de enero y terminarán el 7 de mayo. Esta vía para bicicletas es temporal y la obra definitiva será la construcción total de la calle 13.

Hasta el momento, ni el Instituto de Desarrollo Urbano ni la Secretaría de Movilidad se han pronunciado sobre estas denuncias.

Los pliegos tipo

A esta denuncia se suma otra de la Veeduría Distrital. En este caso la entidad prendió las alarmas sobre la no utilización de pliegos tipo para una contratación en un proceso de semáforos de la Secretaría de Movilidad.

La Veeduría señala que el proyecto de pliego de condiciones y demás documentos previos no se ajustan a los pliegos tipo para los procesos de selección contractual de obras públicas de infraestructura de transporte, aprobados por Colombia Compra Eficiente.

Puntualiza también que tampoco se cumple el pliego tipo en los aspectos de fondo como los criterios habilitantes y los criterios de evaluación. “Un ejemplo de ello son los requisitos de experiencia, los cuales son desproporcionados y podrían restringir la llegada de posibles oferentes al proceso, que cuentan con la suficiente capacidad técnica para ejecutar el objetivo del contrato”.

Frente a esta posible irregularidad, la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) hizo un llamado a la entidad para que se acoja a los documentos tipo de infraestructura de transporte. Dice que estos criterios se alejan totalmente de lo establecido por Colombia Compra Eficiente en los documentos tipo para licitación de obra pública de infraestructura de transporte.