Este lunes, la Alcaldía de Bogotá informó que fueron suspendidas 10 obras ilegales que estaban siendo construidas en áreas de reserva de los cerros orientales, donde esta actividad está totalmente prohibida.

Estas construcciones fueron intervenidas por estar en zonas de reserva natural. Los operativos fueron ordenados por la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía Local de Usaquén, en conjunto con la Policía, la Secretaría de Hábitat y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. Estos casos entrarán en etapa procesal para poder determinar su demolición, multas e implicaciones penales.

“A estos constructores ilegales se les impusieron multas que van desde 4 hasta 175 millones de pesos. Incluso algunos con incidencia penal. Esto se suma a distintas acciones que realiza nuestra Secretaría de Gobierno en los cerros orientales. Más de 110 operativos hemos realizado en los últimos meses, siempre buscando la protección de este activo ambiental y patrimonio de todos en Bogotá”, señaló Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá.

Durante el último año se han suspendido 51 construcciones por afectación a esta zona de reserva natural. Estas obras en los cerros orientales de Bogotá venían generando graves afectaciones al medioambiente y poniendo en riesgo a la comunidad del sector de Lomitas, en la localidad de Usaquén, y la de algunos predios ubicados en la zona rural limítrofe del municipio de La Calera, en Cundinamarca, según datos de la Secretaría de Gobierno de la capital del país.

Las construcciones vienen generando desde hace un tiempo serias afectaciones a la línea de reserva forestal que se encuentra protegida por una sentencia del Consejo de Estado: “El medioambiente no se negocia, estamos hablando del pulmón de Bogotá y debemos cuidarlo. Los cerros orientales son un recurso muy valioso y entre todos debemos protegerlo”, destacó Luis Ernesto Gómez.

Así mismo agregó: “Hacemos un llamado a toda la ciudadanía para que no se dejen engañar cuando le ofrezcan algún terreno en esta zona forestal de la ciudad, que tenga en cuenta que allí está prohibido cualquier tipo de construcción”, dijo.

Estas obras ilegales entrarán en una etapa procesal que definirá su demolición y la multa, que podría estar entre los 4,3 y los 170 millones de pesos, como lo señaló el secretario de Gobierno. Así mismo, habrá implicaciones legales.

Antecedentes

En agosto de 2020, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ordenó la demolición de una edificación ubicada en el sector del Bagazal por estar en un área de reserva protegida. Cerca de 654 metros cuadrados se vieron afectados con la construcción realizada.

Al propietario del predio, en su momento, se le impuso una multa de 136.634.742 pesos y tuvo que realizar labores de compensación. Para ello, debió presentar ante la CAR, en los dos meses siguientes, un cronograma de ejecución del proyecto a demoler conforme a los lineamientos técnicos establecidos, en el que se debía evidenciar cada una de las actividades e ítems a realizar durante este periodo.

Una vez realizado el proceso de demolición, el infractor debe realizar las labores de recuperación paisajística en los metros cuadrados afectados con la construcción. Esto incluye una siembra de especies arbustivas y arbóreas nativas, el retiro de los escombros y materiales de la obra y el manejo silvicultural de los individuos plantados durante tres años, que comprende el riego, la fertilización, el manejo de plagas y el control de especies invasoras para garantizar su supervivencia.

Este proceso será el mismo que deberán afrontar los propietarios de las 10 obras ilegales que fueron suspendidas hoy en Bogotá.