Bruce Mac Master dirige el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social hace tan solo cuatro meses y ya enfrenta más de 500 procesos por desacato, uno solo de los cuales, si se falla en su contra, podría obligarlo a pagar entre tres y 15 días de arresto. En solo cuatro meses, desde cuando entró a dirigir el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DAPS), Bruce Mac Master ha enfrentado 27 órdenes de arresto por desacatos. Dieciséis no han prosperado y 10 están en proceso de revisión. Pero detrás, hacen fila medio millón de procesos por las mismas razones. Paradójicamente, podría terminar arrestado entre tres y 15 días, y abandonar durante ese período la función que le fue encomendada a favor de quienes han padecido el conflicto. Mac Master es un economista que tiene experiencia de más de 20 años en banca de inversión, que dejó el sector privado para entrar al gabinete de Juan Manuel Santos. Primero fue viceministro de Hacienda, y, en noviembre, cogió las riendas de la naciente DAPS. La entrada en funcionamiento de la Ley de Víctimas y de los decretos de reingeniería del Estado firmados a finales del año pasado, le dieron vida a esa institución, crearon y liquidaron otras. Por ejemplo, Acción Social dejó de existir y sus funciones quedaron distribuidas en cinco instituciones como la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas y la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema. La DAPS asumió la tarea, junto a otras entidades del gobierno, de llevar a feliz cumplimiento la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Mac Master es quien está al frente, él coordina la atención a más de diez millones de colombianos considerados la población vulnerable, ayudó en el diseño de la política para sacar a 350.000 familias de la extrema pobreza y tiene la responsabilidad de ejecutar programas como Familias en Acción, Familias Guardabosques, Mujeres Ahorradoras, la atención a la primera infancia y la reparación a las víctimas. Pero el camino es culebrero. Miles de personas acuden a los juzgados para que se les reconozcan sus derechos. A la par también hay grupos de abogados y personas que no son víctimas tratando de sacar beneficios. Hacen reclamaciones para ingresar al registro de víctimas o porque quien ya fue reconocido no está de acuerdo con el monto de una reparación por vía administrativa. A la vez, la institucionalidad apenas está arrancando. "No hay información clara y suficiente sobre cómo funciona la atención de las víctimas", explicó Gabriel Bustamante, asesor jurídico de la Mesa de Víctimas. A estos problemas se suman los heredados de la antigua Acción Social. Todo esto ha saturado el sistema. Y es a Mac Master a quien se dirigen las demandas. En entrevista con SEMANA el funcionario explicó que a veces a los jueces no les llega a tiempo la información del cumplimiento de los reclamos. Por ejemplo, contó que hace unas semanas llegó una orden de arresto en su contra porque no le habían reconocido la condición de víctima a una señora de Bogotá. El caso había llegado a la Corte Suprema de Justicia después de que el Tribunal de Cundinamarca había ratificado el arresto. Pero Mac Master logró demostrar que el Tribunal no había recibido la notificación de que el Gobierno ya había dado respuesta a la víctima desde el 26 de febrero. En otros casos, los procesos quedan abiertos porque las víctimas cambian de domicilio y no reciben la notificación. Y en otros, los jueces fallan contra el DAPS cuando las entidades que deben responder las solicitudes son otras. En criterio de Mac Master, "entre los jueces hay mucho desconocimiento sobre cómo funciona el sistema. Algunos piensan que el DAPS es el mismo Acción Social con distinto nombre". En respuesta, el Consejo Superior de la Judicatura diseñó un plan de contingencia para capacitar a los jueces. Pero el proceso se demora y cada día aumenta el número de casos contra el director de la DAPS. El caso de Mac Master recuerda, guardadas proporciones, la historia del gerente de Cajanal Augusto Moreno, quien estuvo detenido varios días, en el 2007, porque no podía responder a tanta demanda. Diariamente recibía hasta 130.000 requerimientos. La paradoja es que si se reconoce un arresto por desacato a un funcionario como el director del DAPS, se agravan los problemas de la entidad y las víctimas serían las afectadas. Ojalá no haya que esperar a que la Corte Constitucional tenga que proferir una sentencia, como en el caso de Moreno, para impedirlo.