La tensa calma que reinaba los últimos meses en el norte del Cauca se rompió la semana pasada cuando un grupo invadió el predio de El Chimán, zona rural de Caloto, y desató una nueva confrontación entre las comunidades afro e indígenas de la región.
Las comunidades indígenas reclaman esos predios en el marco de la liberación de la tierra, mientras que los afrodescendientes señalan que esos terrenos, que históricamente han trabajado, son de ellos y no se dejarán sacar de sus hogares. Todo eso ha motivado, por ejemplo, a violentos encontronazos interétnicos que han dejado varios heridos y rencillas que amenazan con ocasionar una ola violenta en esa zona del país.
“La situación es la misma: los indígenas vienen a reclamar nuestras tierras, porque según ellos les pertenecen y nosotros respondemos, pero ahora tenemos el agravante de que ellos cada vez ganan más terreno y nosotros estamos más acorralados. Pedimos la intervención del Gobierno nacional porque si no, esto va a terminar en tragedia”, dice un líder comunal de Llano de Taula, vereda entre Caloto y Guachené.
Esto se suma a la invasión de tres predios en Cajibío. Fincas que son propiedad de Smurfit Kappa. Según la información conocida por SEMANA, el primer predio invadido fue el pasado mes de febrero en la vereda La Capilla, allí llegó un grupo de encapuchados, quienes se abrieron paso lanzando artefactos explosivos de manera constante.
Luego, el turno fue para la finca La Unión, ubicada en la vereda del mismo nombre. Este predio fue invadido el pasado 20 de junio por un grupo de aproximadamente 30 personas. Los invasores arrancaron 35 hectáreas de plantación forestal. La tercera invasión ocurrió el pasado lunes 24 de junio en el predio Guaduales, en la vereda La Unión. De acuerdo con la denuncia, estas invasiones han generado una pérdida de 120 empleos y un detrimento económico de 14.500 millones de pesos desde 2021 en 118 afectaciones perpetradas por comunidades indígenas y campesinas.
Por eso, y las invasiones, el Consejo Gremial y Empresarial de ese departamento se pronunció. “La anarquía de las comunidades continúa sin límites, un grupo indeterminado de personas usando capuchas invadió la finca Guaduales, ubicada en zona rural de Cajibío, destruyeron cultivos, realizaron quemas, establecieron cerraduras y sembraron productos como la yuca, similar acción se registró el pasado 20 de junio, en la finca La Unión, allí arrancaron 35 hectáreas de plantación forestal, levantaron estructuras y desplazaron a los trabajadores”, señaló el Consejo Gremial.
Subrayó que el enfrentamiento entre comunidades afro e indígenas ocurrió en la finca El Chimán, en zona rural de Caloto. “Es urgente que el Gobierno nacional ejerza su autoridad para aplicar la Constitución Política en aras de la protección del derecho de la propiedad privada cobijado en el artículo 51, asimismo, que haya judicialización para quienes invaden la propiedad privada”.
De igual manera, el Consejo Gremial agregó: “Este tipo de acciones, junto con los bloqueos a la vía Panamericana, la extorsión y el terrorismo, agudizan la problemática social y no permiten el desarrollo económico y enrarecen el clima para la llegada de inversión al departamento”.
Por su parte, Claudia Calero, presidenta de Asocaña, hizo un llamado a las autoridades y al Gobierno nacional para darle prioridad a esta situación y evitar que este conflicto interétnico escale. “Hemos venido pidiendo de forma reiterada que haya seguridad, porque sin seguridad no hay desarrollo. La seguridad implica la defensa de la propiedad privada”, concluyó.