Este lunes festivo, en un comunicado de prensa, los representantes de la familia de Carlos Mattos y Hyundai Colombia Automotriz y los de la familia de Juan Pablo Eljuri, NeoHyundai, y demás compañías automotrices de Colombia y Ecuador de la firma fabricante de automóviles, informaron que llegaron a un acuerdo mercantil para ponerle fin a los pleitos legales que enfrentan desde hace años por la comercialización de esa marca de vehículos.
"Se ha llegado a un acuerdo mercantil mediante el cual han decidido resolver y terminar sus disputas legales y judiciales", dice el comunicado. "Las partes y sus apoderados han desistido de manera definitiva de todas y cada una de sus reclamaciones y demandas recíprocas ante las autoridades de Colombia y en cualquier otra jurisdicción, y en consecuencia han decidido, por respeto a la administración de justicia y a la opinión pública, abstenerse de dar declaraciones posteriores", señala el comunicado.
Aseguran que el acuerdo mercantil fue suscrito de manera "libre y voluntaria". "Después de este acuerdo legal, que termina los enfrentamientos entre los dos grupos empresariales, solo queda esperar que la justicia culmine su función pública de manera imparcial y correcta, y se resuelvan los diferentes procesos con transparencia y con pleno respeto por el debido proceso y las garantías constitucionales", señala el comunicado.
"Con los antecedentes mencionados, se han terminado de manera definitiva las disputas generadas por la representación de la marca Hyundai para Colombia y se ha logrado un acuerdo en beneficio de ambas partes", concluye el comunicado. En octubre de 2018, la Fiscalía solicitó la extradición del empresario Carlos Mattos por presuntamente ofrecer pagos a funcionarios de la rama judicial para conseguir que un multimillonario pleito fuera asignado a un juez a quien también habría sobornado previamente. El caso corresponde a una demanda de Hyundai Colombia (de la cual Mattos era el mayor accionista) contra la coreana Hyundai Motor Company para impedir que la multinacional comercializara automóviles y repuestos con empresas distintas a la suya. Según la documentación judicial tramitada por la Fiscalía colombiana, el soborno se elevaría a 200 millones de pesos (unos 54.000 dólares).