Esta semana fue la segunda en las conversaciones entre el gobierno y los campesinos del Catatumbo para lograr un acuerdo entre las condiciones laborales y sociales de los habitantes de esta región de Norte de Santander. Luego de hablar de las garantías, se pasó al tema de la sustitución de los cultivos coca. El Catatumbo produce el 9 % de la hoja de coca de todo el país y fue la región con mayor crecimiento en este cultivo, según el último informe de la Naciones Unidas sobre el tema. El gobierno habla de una erradicación forzada mientras que los voceros del campesinado se refieren a la reparación de las víctimas de la erradicación y a una sustitución de cultivos. Bruce Mac Master, director del Departamento para la Prosperidad Social y uno de los delegados del presidente Santos para las discusiones, explicó que el modelo al que le apuesta el gobierno consiste en generar mecanismos para que la alternativa más interesante sea erradicar la coca y dedicarse a otro tipo de cultivo. “El presidente planteó una transición de la erradicación forzada a la erradicación voluntaria. La primera se puede suspender muy pronto si hay compromisos de erradicarla voluntariamente por parte de los campesinos”, indicó Mac Master. Por su parte, César Jerez, vocero de los campesinos, explicó para Semana.com que el modelo que se ha pensado en el Catatumbo “no es considerar la erradicación” de la hoja de coca. “Le decimos al gobierno que hay que reparar a las víctimas de la erradicación forzada. Por ahora, las estimaciones son de 350 familias, pero el número puede crecer porque hasta hoy ha habido erradicaciones, a pesar de que Santos manifestó que iba a correr el cronograma”, afirmó Jerez. Las propuestas concretas de los campesinos le apuestan a 1.500.000 pesos mensual para cada familia afectada, durante dos años; la implementación de un programa de sustitución de cultivos de coca; y seguridad alimentaría mientras se logra cambiar de cultivo. Según Jerez, el gobierno plantea la entrega de mercados, incentivos económicos que incluyen empleos temporales en mantenimiento de vías por salarios mínimos y establecimiento de huertas de seguridad alimentaria. También se ha hablado de un apoyo económico de 4.500.000 de pesos para cada familia afectada por la erradicación. “En realidad, los cuatro millones ni quitan ni ponen, si no están acompañados de un proyecto productivo a largo plazo”, sostuvo Mac Master. En respuesta a esto, Jerez explicó que lo que distancia a los campesinos de las propuestas del gobierno son el dinero del que se habla. “Los montos del gobierno son limitados. A la gente hay que repararle lo que perdió y hay que darles motivaciones para un acuerdo regional de sustitución de la coca”, agregó. Jerez también señaló que la sustitución de cultivos será exitosa si el gobierno comprende la integralidad que esto requiere. El vocero de los campesinos cree que además del proyecto de emergencia, se necesita inversión en infraestructura, en servicios públicos y una presencia del Estado. “Hay un ambiente nuevo y favorable que es la propuesta de Santos de hacer un proceso de inversión que logre condiciones para que la paz sea estable y duradera. Si el gobierno dimensiona el problema, nosotros podemos llegar a un primer acuerdo sobre la reparación a los erradicados”, declaró Jerez. Una vez se llegue a un acuerdo sobre la sustitución de cultivos de hoja de coca, las partes seguirán debatiendo sobre la construcción de un laboratorios de paz, un plan de desarrollo que beneficie a la región y, el punto más álgido, las zonas de reserva campesina.