Los reportes negativos en las centrales de riesgo son un verdadero dolor de cabeza para muchos colombianos, pues les impide acceder a créditos formales con las entidades financieras y se puede traducir en un ‘pero’ al momento de conseguir trabajo. Con el propósito de hacerle frente a lo anterior, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que introduce modificaciones a las normas sobre el habeas data (derecho fundamental que permite a las personas exigir a quienes administran sus datos, conocer, actualizar, rectificar, autorizar, incluir, suprimir y certificar información personal), el cual está en manos de la Corte Constitucional quien lo revisará antes que se convierta en ley. Este proyecto de ley, conocido como ‘borrón y cuenta nueva’, trae varios beneficios entre los cuales se destacan, que los datos negativos de las obligaciones que nunca fueron pagadas solo permanecerán 8 años en las bases de datos; y que las personas con deudas iguales o inferiores al 15% de un salario mínimo -$131.670 para el año 2020- deberán recibir dos comunicaciones antes de ser reportadas.
Además, se prevé que la información negativa relacionada con calificaciones o mediciones financieras (scorings-score), comerciales o crediticias, tienen que actualizarse al mismo tiempo en que se retira el dato negativo; y se contempla un plazo máximo de 18 meses, después de la exigibilidad de la obligación, para reportar la información negativa de los titulares. También se resaltan que la consulta de la información crediticia será gratuita en todos los canales y no disminuirá la calificación; la prohibición de consultar las centrales de riesgo para otorgar un empleo, salvo para contrataciones en el sector financiero; y la protección a las víctimas de suplantación personal -flagelo que se ha vuelto una constante en nuestro país-, quienes enviando una comunicación dirigida a la entidad y allegando las pruebas del fraude conseguirán la eliminación del reporte negativo. Otro de los aspectos que más llama la atención es el establecimiento de una amnistía o régimen de transición que le permite a quienes se pongan al día en el primer año de vigencia de la ley, o lo hayan hecho con anterioridad, salir de las centrales de riesgo en máximo 6 meses. Finalmente, las víctimas del conflicto armado, las mujeres y jóvenes rurales, los pequeños productores y los estudiantes con créditos del Icetex que paguen sus deudas dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, serán retirados inmediatamente de los bancos de datos.
Todo lo anterior impedirá que la información negativa, sobre todo por deudas antiguas, sea reportada en cualquier momento y permanezca por tiempo indefinido en las centrales de riesgo; contribuirá, además, a la reactivación económica del país; estimulará el pago de obligaciones pendientes y facilitará el acceso a los créditos. Sin embargo, algunas personas no ven con buenos ojos la iniciativa porque consideran que se está premiando a los ‘mala paga’; que se perderán los beneficios para quienes se han esmerado en estar al día en sus obligaciones y mantener una buena calificación crediticia; y que se puede generar un incremento en las tasas de interés ante las solicitudes masivas de préstamos, y como respuesta de las entidades para contrarrestar los riesgos y proteger la estabilidad del sistema financiero. *Abogado en Garrido Fonseca y catedrático de la Universidad El Bosque. Especialista en Derecho Procesal, Derecho Comercial y Magíster en Derecho de Daños. Exjuez civil y exfuncionario de la Corte Suprema de Justicia. Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. E-mail: cristianfelipe7@gmail.com / Twitter: @cristianfsl