El aumento en la expectativa de vida por efecto del mayor desarrollo científico y tecnológico se ha convertido en una gran noticia para la humanidad. Pero esta buena nueva provoca un impacto devastador en lo económico y lo político para los sistemas pensionales del mundo. Y ya varios presidentes están sintiendo el impacto.
Con un poco más de 100 días en el Gobierno, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, parece haber dilapidado buena parte de su capital político. El excapitán del Ejército se impuso en las elecciones de 2018 con un 55 por ciento de los votos y un fuerte discurso contra la política tradicional y la corrupción, pero su popularidad se desploma a niveles alrededor del 30 por ciento. La peor calificación para un presidente brasileño en sus tres primeros meses de trabajo desde que regresó la democracia al país en 1985.
No hay fórmulas mágicas ni sistemas de pensiones perfectos. La clave es que haya equidad y sean sostenibles.
Esta baja popularidad tiene varias explicaciones. Pero quizás la mayor se relaciona con una polémica reforma pensional que está comenzando a pasarle una costosa factura a su imagen.
La popularidad del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cayó en el arranque de su Gobierno, en buena parte, por su propuesta de reforma pensional.
Su país requiere urgentemente la reforma, pues busca ponerle fin a un insostenible régimen público de jubilaciones, que gasta el 15 por ciento del PIB. Pero el Gobierno enfrenta una opinión pública que rechaza el cambio, y se expone por su inexperiencia e incapacidad para lograr coaliciones amplias en un Congreso fragmentado. Además, la reforma plantea aumentar las edades de jubilación y sentar las bases para un sistema de capitalización individual. El caso de Bolsonaro muestra un buen ejemplo de lo costosas que resultan estas reformas y la dificultad política de adoptarlas.
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Ni siquiera el poderoso presidente de Rusia, Vladimir Putin, pudo salir indemne de la reforma pensional que aprobó a finales del año pasado: subió la edad de jubilación de 60 a 65 años para los hombres y de 55 a 60 para las mujeres. La popularidad del jefe de Estado ruso de desplomó.
Sin duda, estos ejemplos resultan muy ilustrativos ahora que el Gobierno Duque anunció que presentará una reforma pensional a finales de año. La experiencia internacional brinda muchas lecciones para el caso colombiano.
Mal de muchos
El envejecimiento de la población a nivel mundial causa serias repercusiones sobre la economía, la productividad, los mercados laborales, los servicios de salud y, por supuesto, los sistemas pensionales.
Que el porcentaje de adultos mayores de 65 años crezca mucho más rápido que los niños y jóvenes pone en jaque los sistemas de reparto, pues cada vez menos contribuyentes pagan a más pensionados. De hecho, la insostenibilidad financiera de los sistemas públicos de pensiones explica los altos niveles de deuda soberana y crisis en países como Grecia.
Según la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (Fiap), las dificultades financieras de los sistemas públicos de reparto han llevado a que, en 23 años, 78 países incrementaran la tasa de cotización (Costa Rica, Francia, Noruega, Portugal, Rusia); 57 aumentaran la edad de retiro (Alemania, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Rusia); y 61 ajustaran la fórmula de los beneficios o la disminuyeran (Argentina, Bélgica, Brasil, Italia, Japón). Esto muestra que el mundo está adaptando los parámetros de los sistemas para hacerlos más sostenibles.
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No obstante, la experiencia internacional muestra que estos cambios requieren un gran capital político. Pocos Gobiernos se dan el lapo y por eso terminan postergando las soluciones. Y, por lo general, a la larga las toman a las malas cuando la situación fiscal se torna insostenible.
Ni el poderoso presidente ruso, Vladimir Putin, pudo salir inmune de la reforma pensional que aprobó hacia finales del año pasado.
Cualquier buena reforma al final implica recortar los intereses de grupos con poder, disminuir beneficios excesivos o decirle a la población que tiene que gastar menos y ahorrar para el futuro. Por ende, estos cambios producen protestas y se prestan para una gran dosis de populismo con fórmulas ficticias y engañosas. El tema encierra peligros para cualquier Gobierno.
No solo en el caso de Brasil o Rusia. En Francia, la reforma de las pensiones de jubilación prometida por el presidente Emmanuel Macron para este año agita a sus habitantes. Mientras tanto, buena parte del ascenso de los partidos populistas en Italia no depende solo del rechazo a la inmigración; el otro caballo de batalla del Movimiento 5 Estrellas y de la Liga consiste en modificar la reforma de las pensiones.
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Capítulo aparte merece el caso de Nicaragua. A finales del año pasado, el Gobierno de Daniel Ortega aprobó una reforma para aumentar los aportes de los empleados, compañías y los propios pensionados. La medida causó rechazo de los empresarios y una serie de protestas que las autoridades reprimieron con un saldo de más de 300 muertos. El autoritario Gobierno nicaragüense revocó la medida y abrió un diálogo para discutir un nuevo proyecto. Pero las protestas pusieron en entredicho la supervivencia del régimen.
La reforma de Mauricio Macri en Argentina también produjo una fuerte ola de violencia y protestas. Cabe recordar que la presidenta Cristina Fernández nacionalizó los fondos de pensiones. Es claro que estas reformas no pueden ser impuestas y por eso es clave una buena comunicación con los ciudadanos.
El caso de Chile merece una mención, pues se ha vuelto un referente internacional. Ese país inauguró la adopción de un modelo de ahorro individual administrado por fondos privados, en 1981. Esto le ha permitido tener un sistema sostenible y más equitativo, pero con beneficios bajos para los usuarios, mientras estos perciben que los fondos hacen millonarias ganancias. Ante las protestas, el país ha adoptado varias reformas que buscan darle solidaridad al sistema, y una mayor competencia entre las administradoras para mejorar las pensiones. Para Jorge Llano, vicepresidente de Estudios de Asofondos, mientras que las reformas en el resto del mundo persiguen establecer esquemas sostenibles, Chile busca mejorar las pensiones. Eso es una diferencia fundamental, puesto que ese país mantiene la esencia del sistema.
Para otros analistas, si la solución pasa por incentivar mayores niveles de ahorro y capitalización, también hay que reformar este tipo de modelos, dado que cada vez es más difícil generar altos rendimientos ante la caída de las tasas de interés en el mundo. El año pasado los portafolios tuvieron uno de los peores desempeños a nivel global. Eso exige ampliar las alternativas de inversión y aumentar la competencia para lograr mayores pensiones.
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Es claro que no hay fórmulas mágicas ni esquemas perfectos, y la discusión no puede enfrentar lo público con lo privado. Lo importante es que el sistema resulte equitativo y sostenible al incentivar el ahorro. Y esto no necesariamente implica que el sector privado administre la totalidad del mismo. Países como Canadá han mantenido un sistema mixto que incrementa el ahorro pensional e invierte las reservas de los fondos públicos de pensiones en proyectos de infraestructura, bienes raíces y otros activos.
En fin, la insostenibilidad de los modelos pensionales y la dificultad de reformarlos constituyen un problema global. Y Colombia no es la excepción.
Sin duda, la pensional es la principal de las reformas estructurales por hacer. El país no puede seguir con un sistema de protección a la vejez con tan baja cobertura, tan alta inequidad y tan costoso. Resulta inadmisible que el sistema público de pensiones sirva solo para pensionar a quienes más tienen, y que gaste una gran proporción del presupuesto en unos pocos privilegiados. Por esto resulta preocupante lo ocurrido en el Congreso con la Ley de Financiamiento, el Plan de Desarrollo y las objeciones a la JEP, pues muestran el poco capital político que tiene el Gobierno para sacar adelante una reforma estructural como esta.
Sin embargo, la reforma pensional podría ser una gran oportunidad, dado que busca una mayor equidad y redistribuir de una mejor manera los subsidios que entrega el Estado. Ofrece en realidad una oportunidad para comenzar a generar los grandes consensos políticos que el país necesita.
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