“La financiación privada de campañas políticas se configura como una práctica de interferencia corporativa” en el momento de la aprobación de los proyectos de ley.
Así lo hizo saber el colectivo de abogados José Alvear Restrepo –Cajar–, en una carta enviada a la comisión VII del Senado en el Congreso de la República, donde se iniciará el debate al proyecto de ley sobre entornos alimentarios saludables, en el que hay puntos relacionados con impuestos a estos productos, para desestimular su consumo y proteger así la salud de las personas que se ven afectadas por obesidad o enfermedades como diabetes.
La petición que le hacen llegar al Legislativo es que los parlamentarios que recibieron financiación para sus campañas de la industria de comestibles, ultraprocesados y bebidas azucaradas, no sean nombrados como ponentes del proyecto, 167 (Cámara) y 347 (Senado).
He aquí la lista de nombres y recursos que adjuntan, basados en datos del Consejo Nacional Electoral.