El procurador Fernando Carillo, quien estuvo hace algunas semanas en Riohacha, fue enfático en señalar que comenzará a ejercer su competencia con respecto a la sentencia T302 de 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucionales en La Guajira, en la que la Corte Constitucional reconoció la vulneración de derechos fundamentales de población vulnerable, “en especial niñas y niños wayú” a la salud, agua potable, alimentación y participación étnica. Ello significa, entre otras cosas, que estos derechos deben garantizarse por el Estado, en este caso la Gobernación, con sus recursos humanos, financieros y administrativos. Es por ello que se mantiene la preocupación por las aprobaciones que hace la Ocad Caribe de recursos de regalías por 6.740 millones de pesos, una vía en placa huella en Fonseca y alcantarillado en dos barrios en El Molino, proyectos que no estarían sujetos de dicha sentencia y se ejecutarían fuera del territorio afectado. Quien tendría que responder eventual y disciplinariamente por la priorización de dichos proyectos es el gobernador (e) John Fuentes. El ministerio público tiene la palabra.