En el inicio de la legislatura, el fiscal general presentó un proyecto para fortalecer la lucha contra la corrupción. En más de 70 páginas hay todo tipo de propuestas con el fin de que ejercer hechos irregularidades tenga mayores consecuencias. Si es aprobado, los abogados, contadores, revisores fiscales y jefes de control interno que no reporten operaciones inusuales o sospechosas de corrupción a la UIAF podrán tener prisión de 3 a 6 años y multas de hasta cien salarios mínimos.