El procurador general Fernando Carillo también está preocupado por los bienes de las Farc. En una carta de tres páginas, dirigida al presidente Santos, Carrillo llama la atención sobre el compromiso de que las propiedades inventariadas deben ingresar a un fondo cuyo fin es resarcir materialmente a las víctimas. Para el jefe del ministerio Público no es claro que se esté avanzando hacia ese propósito. Y por eso hace un llamado de atención a varias bandas: al gobierno le recuerda que no solo debe recibir el inventario de bienes de Farc sino también “custodiarlos y preservarlos”. A la exguerrilla le dice que es parte de su compromiso, además del inventario, revelar los nombres de los testaferros que empleó en su economía ilegal. A la JEP le señala que deberá tomar nota de los incumplimientos para así mismo condicionar los beneficios que recibirán los procesados en esa jurisdicción. Y, finalmente, el procurador Carrillo le hace un llamado a la Corte Constitucional –órgano encargado de revisar toda la normatividad que ampara el acuerdo de paz– para que proyecte “líneas de doctrina”, es decir, las consecuencias concretas que se derivan de la aparición de bienes no inventariados ya que “si las Farc han ocultado bienes se verían abocadas a perder los beneficios”, advierte.