El fallo del Tribunal Administrativo que condena a Odebrecht y sus socios en Colombia (Episol y el Grupo Solarte) a pagar 800.000 millones de pesos produjo un impacto muy grande en el sector financiero. La razón fue que en un primer momento se dijo que en el trámite de esa acción popular, la Procuraduría se había opuesto al pago de recursos a las instituciones financieras frente a un acuerdo al que supuestamente se había llegado. Como el Ministerio Público fue quien interpuso ese recurso que finalmente generó la millonaria condena, esa versión había producido temor en las entidades bancarias. La realidad es que la Procuraduría no intervino, ni dio concepto alguno en relación con los pagos por realizar a los bancos. Pero tampoco, ninguna entidad informó al Ministerio Público sobre voluntad alguna de pago en esta materia.